“La empresa lamenta comunicar que de no operarse un aumento en las tarifas, no podrá garantizar la provisión del servicio eléctrico en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.” El comunicado no asombra a los sufridos porteños acostumbrados a los chantajes de las empresas privadas. Sólo algunos comenzaron a revisar los pliegos de la concesión y se preguntaron qué podía hacerse para frenar la prepotencia del monopolio eléctrico. La inquietud popular preocupa y moviliza a los lobbistas que presentan en la Legislatura un proyecto para apurar el aumento de las tarifas y acrecentar las prebendas de la concesionaria eléctrica.
Según fuentes parlamentarias, uno de los operadores políticos más influyentes pidió calma y llamó a sus colegas a no dejarse influir por las presiones de la opinión pública.
El ministro de Economía, en una reunión de bloques, señaló: «Hay que arreglar el problema porque el Gobierno necesita de las empresas eléctricas y no es posible que un Gobierno sin crédito en el exterior pueda ponerse a joder con una empresa que tanto le sirve».
Comenzaron a circular las fuertes versiones de coimas millonarias pagadas por la empresa europea, coimas entre privados y entre privados y el Estado. Era un secreto a voces.
Pero envalentonados por sus apoyos políticos, los lobbistas empresarios fueron por más. Pidieron que se quitaran de los pliegos de concesión algunos artículos molestos, como el artículo 2º, que dice textualmente: «La Compañía se obliga a adquirir nuevos terrenos, a ampliar sus edificios, sus maquinarias, redes de cables y todas las instalaciones necesarias para la producción y distribución de la corriente eléctrica. El cumplimiento de esta obligación sólo podrá retardarse cuando la compañía demuestre que el estado general de los mercados le impida invertir nuevos capitales en esos momentos».
La empresa con sede en Madrid utilizó todos sus recursos diplomáticos y presionó a través de los organismos internacionales. También lanzó una campaña de prensa apoyada en solicitadas y avisos en los principales medios del país. Se acercaba diciembre y nadie quería asumir el costo político de un verano sin energía eléctrica.
A partir de 1933, la empresa de capitales belgas, subsidiaria de la multinacional SOFINA 1, que se había transformado en una sociedad anónima argentina para evadir impuestos, comenzó a sobornar a concejales de diferentes bancadas y comprar, vía avisos publicitarios, la opinión de la mayoría de la prensa porteña.
Finalmente, en 1936, bajo la presidencia de Agustín P. Justo, el grupo empresario presentó ante el Concejo Deliberante el pedido de extensión de la concesión en el tiempo y en el espacio, ya que pretendía ampliar su área de influencia al Gran Buenos Aires. «Generosamente», ofrece a cambio una rebaja en la tarifa domiciliaria y un aumento del costo del servicio para comercios e industrias.
Su urgencia por la aprobación la llevó a contactar en setiembre de 1936 a Marcelo T. de Alvear, que se encontraba en Europa. Altos funcionarios de la firma se reúnen con «Don Marcelo», con el objetivo de que telegrafíe a sus correligionarios radicales ordenándoles que apoyen el proyecto de la CADE.
Alvear se toma su tiempo. Le llegan las informaciones de la indignación de la gente ante la casi segura firma del nuevo contrato. Pero los concejales votaron favorablemente la ampliación de la concesión.
Sus colegas socialistas independientes —un partido de centroderecha ajeno al socialismo— hicieron lo mismo, urgidos por su máximo líder, el ministro de Hacienda, Federico Pinedo, antiguo consejero jurídico y técnico de la empresa eléctrica.
El 29 de octubre de 1936 con los votos radicales, conservadores y socialistas independientes, el Concejo Deliberante de Buenos Aires promulgó la ordenanza 8.029 otorgando a la CADE una nueva concesión hasta el año 1997 (por distintos avatares políticos no llegaría a cumplirse, pero rigió por décadas).
Además la empresa consiguió del «generoso» gobierno del general Justo la exención impositiva de la empresa a cambio de que la misma quitara la letra «H» de hispano en su sigla. La empresa pasaba a llamarse Compañía Argentina de Electricidad. El Estado le perdonaba graciosamente a la empresa el reintegro de más de 60 millones de pesos que les había cobrado de más a los consumidores (0,35 pesos en vez de 0,25 pesos el kilovat), argumentando una «confusión».
Pero ahí no terminaba la cosa. Aquel Estado oligárquico y corrupto le concedía a una empresa multinacional y multimillonaria la devolución íntegra de los fondos de «reversión y previsión», especie de garantía económica que la empresa debía depositar para garantizar el cumplimiento eficiente y en los términos contractuales del servicio, que ascendían al 31 de diciembre de 1935 a 87.499.811,07 pesos de la CADE y 25.677.765 de la CIAE (Compañía Italo-Argentina de Electricidad).
Según el contrato original, estos fondos debían ser entregados a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Con la disposición que les devolvía el depósito más los intereses, la empresa se quedó con las instalaciones edilicias y con más de 100 millones de pesos moneda nacional.
La Comisión Investigadora de los Servicios Públicos de Electricidad de la Ciudad de Buenos Aires descubrió un hecho de una enorme gravedad: que los proyectos de ordenanzas y hasta los discursos de los concejales fueron redactados por personal de la CADE bajo la cercana supervisión de la SOFINA 2.
Se dijo que cada concejal que votó por los «favores» a la CADE cobró 100.000 pesos de entonces. Un sueldo promedio era de $ 150 mensuales. La Comisión Investigadora estableció también que 66% del presupuesto de la campaña electoral de la UCR en 1937 fue costeado por la CADE, así como el 100% del costo del local central del partido (la Casa Radical). 3
La corrupción de la CADE —es decir, los pagos de los «servicios profesionales»— no se limitó a los concejales corruptos sino que abarcó a prominentes figuras del gobierno del general Justo, como Carlos Saavedra Lamas, futuro Premio Nobel de la Paz y director de CITRA, empresa asociada a SOFINA; Alberto Hueyo, vicepresidente de la CADE; y Federico Pinedo, asesor técnico y jurídico de la CADE.
El 30 de octubre de aquel año 36 llegó desde Bruselas un telegrama dirigido a los directivos locales de la empresa que decía: «Muy emocionados, os envío a todos, de todo corazón, felicitaciones por el resultado obtenido y mis mejores deseos para 1937. Firmado: Heineman, director de Sofina» 4.
Referencias:
1 El grupo SOFINA-CHADE-SIDRO era un consorcio de capitales europeos con inversiones en Francia, España, Italia, Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, Canadá, Turquía, Argelia, México, Brasil y Argentina. En su directorio militaban pesos pesados como Reginald Mac Kenna, director del Banco de Inglaterra, ex canciller del Tesoro y ex primer lord del Almirantazgo; el conde Giuseppe Volpi, ex ministro de Hacienda de Mussolini y presidente de la Compañía de Electricidad del Adriático; el duque de Alba y los directivos del Deutsche Bank.
2 Juan Pablo Oliver, La CADE y la Revolución, Buenos Aires, 1945.
3 Informe de la Comisión Investigadora de los Servicios Públicos de Electricidad de la Ciudad de Buenos Aires, 1944.
4 José Luis Torres, La década infame, Buenos Aires, Freeland, 1973.
Fuente: www.elhistoriador.com.ar
