1° de mayo de 1933
“La industria más genuina del suelo argentino, la ganadería, se encuentra en ruinas por obra de dos factores principales: la acción extorsiva de un monopolio extranjero y la complicidad de un gobierno que unas veces la deja hacer y otras la protege directamente.” Así comenzó el senador Lisandro de la Torre su acusación contra el gobierno y los grupos económicos en la tarde del 18 de junio de 1935.
Dos años antes, el 1° de mayo de 1933 el gobierno argentino había firmado con Inglaterra el tratado Roca-Runciman para garantizar la exportación de una cuota de carne en condiciones lamentables ante las medidas restrictivas tomadas por Gran Bretaña. Ésta en 1932 se había reunido en Ottawa, Canadá, con sus colonias y ex colonias para reorganizar su comercio exterior y había decido adquirir en Canadá, Australia y Nueva Zelanda los productos que antes compraba a la Argentina.
En los sectores ganaderos exportadores argentinos hubo un gran desconcierto: la metrópolis los había abandonado. El presidente Agustín P. Justo, parte integrante del movimiento golpista que depuso al presidente constitucional de Hipólito Yrigoyen y un fiel representante de los sectores ganaderos exportadores envió a Londres al vicepresidente Julio A. Roca (hijo) para llegar a un acuerdo. Éste adujo sin ruborizarse que la Argentina era, desde el punto de vista económico, una parte integrante del imperio británico. Otro miembro de la delegación sostuvo a su turno que «la Argentina es una de las joyas más preciadas de su graciosa majestad».
El resultado fue la firma de un acuerdo con el ministro de Comercio británico, Sir Walter Runciman, conocido como “pacto Roca–Runciman”. Por éste, Inglaterra se comprometía a seguir comprando carnes argentinas siempre y cuando su precio fuera menor al de los demás proveedores. En cambio, la Argentina aceptó concesiones lindantes con la deshonra: liberó los impuestos que pesaban sobre los productos ingleses y se comprometió a no permitir la instalación de frigoríficos argentinos. Se creó el Banco Central de la República Argentina con funciones tan importantes como la emisión monetaria y la regulación de la tasa de interés, en cuyo directorio había una importante presencia de funcionarios ingleses. Finalmente se le otorgó el monopolio de los transportes de la capital a una corporación inglesa.
El senador demócrata progresista Lisandro de la Torre denunció el acuerdo en el Senado y promovió el debate. «El gobierno inglés le dice al gobierno argentino ‘no le permito que fomente la organización de compañías que le hagan competencia a los frigoríficos extranjeros’. En esas condiciones no podría decirse que la Argentina se haya convertido en un dominio británico, porque Inglaterra no se toma la libertad de imponer a los dominios británicos semejantes humillaciones. Los dominios británicos tiene cada uno su cuota de importación de carnes y la administran ellos. La Argentina es la que no podrá administrar su cuota. No sé si después de esto podremos seguir diciendo: ‘al gran pueblo argentino salud’.”
En mayo de 1935, el legislador santafesiono acusó por fraude y evasión impositiva a los frigoríficos Anglo, Armour y Swift. Aportó pruebas que comprometían directamente a dos ministros de Justo: Pinedo de Economía y Duhau de Hacienda, en las que se establecía claramente el trato preferencial que recibían estas empresas que prácticamente no pagaban impuestos y a las que nunca se las inspeccionaba, mientras que los pequeños y medianos frigoríficos nacionales eran abrumados por continuas visitas de inspectores impositivos. De la Torre probó cómo se ocultaba información contable en cajas selladas por el ministerio de Hacienda y demostró hasta dónde llegaba la impunidad de los frigoríficos ingleses tras la firma del pacto Roca-Runciman.
El nivel de las discusiones en el senado fue subiendo de tono hasta que se decidió hacer callar a De la Torre. Un matón del Partido Conservador, el ex comisario Ramón Valdez Cora, atentó contra la vida del senador, pero el que murió fue
