Muerte y pedagogía política durante la Revolución: Buenos Aires, 1810-1812, por María Alejandra Fernández


La construcción de los valores que rigen a una sociedad, de sus mitos, de sus héroes y antagonistas, de su pasado es un tema apasionante. Mientras los revolucionarios de Mayo debieron apelar a un pasado indígena tomando distancia de sus orígenes españoles, Rosas, en su obsesión por el orden y su búsqueda de despegarse de la guerra civil que lo había precedido, reivindicaría la etapa prerrevolucionaria con estas palabras: “En los tiempos anteriores a la revolución la subordinación estaba bien puesta, sobraban recursos y había unión”. Más tarde, los románticos de la generación del 37 se postularían como hijos de la Revolución de Mayo; y Bartolomé Mitre, tiempo después, rescataría del panteón del olvido a Bernardino Rivadavia, “el más grande hombre civil de la tierra de los argentinos”, que murió en Cádiz en la pobreza y el olvido. Rosas tuvo que esperar varias décadas para encontrar más que voces aisladas que se alzaran en su defensa, pero la espera tuvo recompensa, ya que encontró toda una corriente dispuesta reivindicar su nombre.

En el texto “Muerte y pedagogía política durante la Revolución: Buenos Aires 1810-1812”, del que a continuación reproducimos algunos fragmentos, María Alejandra Fernández se centra en el análisis de esta construcción de valores a través de las formas de morir y de matar durante la etapa embrionaria de la Argentina. Por un lado, la autora analiza la construcción político-cultural de la muerte heroica, en la forma en que los revolucionarios de Mayo rendían homenaje a quienes ofrecían su vida por la patria prometiendo la “gloria eterna”, pero al mismo tiempo destaca el “carácter pedagógico” que tuvieron algunas muertes, como los fusilamientos de los contrarrevolucionarios Liniers y Álzaga. “La Revolución de Mayo (…) despliega un recurso pedagógico clásico basado en el terror ejemplificador, que trasciende al castigo y se extiende hasta las formas de ocultar o de exhibir los cuerpos y a las disposiciones para el tratamiento de los restos”, sostiene Fernández.

Otro aspecto interesante que la autora aborda en estas páginas es la manipulación del pasado durante esta etapa al referirse al modo en el que La Gaceta de Buenos Aires, el órgano de prensa de los revolucionarios, que daba cuenta del fusilamiento de Liniers, omitiendo toda referencia al pasado heroico del héroe de la Reconquista: “No hay ningún reconocimiento a su figura ni a sus méritos pasados, más bien hay un intento de despojarlo de esa gloria –por ser en algún punto inmerecida– y ofrecer a cambio una relectura de esa historia, señalando que la victoria frente a las invasiones in­glesas se debió fundamentalmente al pueblo de Buenos Aires”.

El ensayo forma parte del libro Muerte, política y sociedad en la Argentina, que analiza el impacto de algunas muertes en nuestra sociedad desde la Revolución de Mayo hasta nuestros días. Se trata de muertes inesperadas, violentas y repentinas, tanto de personajes públicos, como de personas desconocidas, cuyas muertes violentas generaron un debate público, o muertes colectivas, como las producidas por las epidemias. El libro postula que la muerte “no es un fenómeno que haya permanecido inalterable a lo largo de la historia. Más bien lo contrario. Cada época delimita las muertes que tienen un impacto trascendente y que de algún modo la definen”.

Fuente: María Alejandra Fernández, “Muerte y pedagogía política durante la Revolución: Buenos Aires 1810-1812”, en Muerte, política y sociedad en la Argentina, Sandra Gayol y Gabriel Kessler (Editores), Buenos Aires, 2015, págs. 33-59.

A partir de mayo de 1810, la dirigencia revolucionaria desplegó diferentes recursos para hacerse obedecer, legitimarse y para difundir e inculcar los nuevos valores patrióticos. La distribución de premios y castigos fue una pieza clave en esta estrategia por la potente elocuencia que ambos tenían y por el sentido ejemplificador que se podía derivar de ellos. A pesar de las numerosas referencias a los distintos ámbitos, actores y vehículos para la transmisión de mensajes políticos –como la prensa, los sermones, los cuarteles, las pulperías, la simbología y festividades patrias–, la historiografía no ha prestado la misma atención a la pedagogía política que podía desplegarse a través de las circunstancias y rituales que rodeaban a la muerte. En esta línea, consideramos que el cruce entre muerte y política ofrece un punto de observación privilegiado ya que, por un lado, tempranamente se inicia el proceso de construcción político-cultural de la figura de la muerte heroica y, por otro, el nuevo poder conjura las amenazas que se ciernen sobre su futuro, persiguiendo y castigando a los contrarrevolucionarios.

El momento revolucionario conlleva un trastocamiento de las jerar­quías políticas y sociales coloniales e introduce algunas aristas novedosas en relación con las formas de matar y de morir. En este sentido, la Revolución de Mayo no es una excepción en el contexto occidental. Si bien no innova en las formas de matar –como lo había hecho la Revolución Francesa–, se arroga el atributo de aplicar con rigor el escarmiento a los contrarrevo­lucionarios y, al hacerlo, despliega un recurso pedagógico clásico basado en el terror ejemplificador, que trasciende al castigo y se extiende hasta las formas de ocultar o de exhibir los cuerpos y a las disposiciones para el tratamiento de los restos. Paralelamente, otra dimensión de la pedagogía a través de la muerte se despliega exaltando el valor militar, el ardor guerrero y dotando de atributos heroicos a la muerte de los caídos en el campo de batalla defendiendo el futuro de la revolución. El momento revolucionario es, entonces, un momento también de reflexión sobre el significado de la buena y la mala muerte, en el sentido de las concepciones culturales acerca del buen o el mal morir, vinculadas no sólo a las condiciones concretas de la muerte, sino también a los rituales fúnebres que se estimaban merecidos y esperables.

Para abordar el problema del castigo analizaremos dos momentos claves: las ejecuciones de Cabeza de Tigre en 1810 y la conspiración de los españoles de 1812. Estos episodios, que presentan similitudes y diferencias significativas –entre estas últimas el grado de aceptación política y social, que no podía darse por descontado en relación con los fusilamientos de 1810–, tuvieron una importancia central debido al impacto político y al grado de poder, status, prestigio y popularidad que habían tenido los principales individuos involucrados. En el primer caso, se trataba de Santiago de Liniers, que había sido no sólo virrey sino el reconocido héroe de la Reconquista; en el segundo, de Martín de Álzaga, uno de los comerciantes más ricos y poderosos, destacado miembro del Cabildo y también con una activa participación en la defensa de la ciudad en el marco de las invasiones inglesas de 1806 y 1807. (…)

Formas de matar y formas de morir 
La guerra revolucionaria introduce algunos ribetes novedosos en las apreciaciones culturales acerca de la buena y la mala muerte, pues impone una nueva forma de morir en el Río de la Plata que honra a los caídos: morir por la Patria o por la causa americana. En este sentido, la novedad no reside tanto en la glorificación de quienes cayeron en el fragor de la batalla, ya que ésta se inserta en una larga tradición y se registran antecedentes significativos de reconocimiento a los que perdieron la vida en el marco de las invasiones inglesas –defendiendo a la ciudad y a la corona–, sino que el quiebre reside en la nueva causa que inspira y motiva el sacrificio, así como en la redefinición de la noción de Patria que inaugura.

A través de diferentes recursos, como la prensa, el púlpito, la poesía patriótica, las marchas, las ceremonias, las distinciones o las honras fúnebres, la Junta exaltaba sistemáticamente el valor militar y desplegaba una pedagogía acerca del buen morir, centrada en la construcción de la muerte heroica. Es así que, desde La Gaceta –medio de difusión y propaganda política de las autoridades revolucionarias–, con notable frecuencia se interpelaba a “el joven que se dedique a la honrosa carrera de las armas, por sentir en su corazón aquellos afectos varoniles, que son los introductores al camino del heroísmo” y se estimulaba a los soldados a ingresar al olimpo del honor, donde se verían colmados de “triunfos y glorias inmortales”.1 Del mismo modo, se difundían decisiones claves que establecían que las virtudes guerreras serían el nuevo camino para acceder a las distinciones, los honores, y las dignidades.

Paralelamente, un centenar y medio de piezas poéticas fueron escritas en la primera década revolucionaria y, mientras algunas surgieron de manera puramente espontánea, otras fueron encargadas por las autoridades, que naturalmente advertían su importancia como vehículo transmisor de los nuevos valores políticos.2 En estas obras se evidencian también abrumadoras referencias al ardor guerrero y a la realidad de la muerte acechando en el duro campo de batalla, una muerte que al estar dotada de atributos heroicos –la justicia de la lucha, el sacrificio por la causa y el honor mostrado en la caída–, permitía convertirlo en el campo de la gloria, asegurando así una memoria insigne a los caídos. Como rezaba el mausoleo construido por el Cabildo en 1812 para honrar a los muertos por la Patria: “A los que mueren dando ejemplo, no es sepulcro el sepulcro sino templo”.3 (…)

El rechazo a la revolución en Córdoba 
En los primeros días posteriores a mayo de 1810, la causa revolucionaria iniciada en la capital virreinal tuvo que enfrentarse con la crítica incerti­dumbre acerca de si la Junta obtendría respaldo en el resto del territorio. Rápidamente se pudo apreciar que el desafío era importante, porque los principales focos de oposición estuvieron en Montevideo, Paraguay, Córdoba y el Alto Perú. En el caso de Córdoba, el Gobernador-intendente Gutiérrez de la Concha, el Obispo Orellana, el jefe de las milicias locales y el ex virrey Liniers, desconocieron a la Junta porteña y el cabildo juró lealtad al Consejo de Regencia. Las fuerzas de Buenos Aires –encabezadas por Ortiz de Ocampo– lograron finalmente controlar el desafío: los jefes de la conspiración fueron apresados y el 26 de agosto fusilados. Así, en Cabeza de Tigre la Junta no sólo sofocaba el principal foco de resistencia, sino que acababa con una figura que podía concitar adhesión popular a la Regencia (Fradkin y Garavaglia, 2009: 228). (…)

El tratamiento del tema en La Gaceta comienza con una circular de la Junta a todos los cabildos, donde se señala que se ha tomado conocimiento del complot en Córdoba, que por medio de una “seducción criminal” se aspiraba a provocar la división entre la capital y los demás pueblos, desconociendo los legítimos principios en los que descansaba el nuevo sistema y buscando –en consecuencia– la guerra y la ruina de la población. El escrito introduce también la primer referencia al escarmiento: “La Junta cuenta con recursos efectivos, para hacer entrar en sus deberes a los díscolos que pretendan la división de estos pueblos […]: los perseguirá y hará un castigo ejemplar, que escarmiente y aterre a los malvados”.4 (…)

El momento de la muerte posibilita, en general, la realización del balance de una vida, presupone la lectura retrospectiva de una historia perso­nal y –por ende– en algún punto, da pie a la construcción de una biografía. En este sentido, el texto de La Gaceta refleja también una clara intención de reescribir la biografía de Liniers: no hay ningún reconocimiento a su figura ni a sus méritos pasados, más bien hay un intento de despojarlo de esa gloria –por ser en algún punto inmerecida– y ofrecer a cambio una relectura de esa historia, señalando que la victoria frente a las invasiones in­glesas se debió fundamentalmente al pueblo de Buenos Aires. No se le re­conoce tampoco valor frente a las fuerzas militares enviadas por la Junta, ya que huyera “vergonzosamente” ante la llegada del ejército. Es evidente que esta operación narrativa apunta a desmerecer a esta figura –arrebatándole protagonismo en la proeza militar y atribuyéndole intenciones criminales, cobardía, infamia, ingratitud y desprecio por el pueblo y las tropas porteñas–, con el objeto de justificar –posteriormente– las medidas adoptadas contra los conspiradores.5

Sin embargo, la prensa no brinda detalles sobre las ejecuciones, un silencio lacónico acerca del desenlace contrasta con el puntilloso detalle de los momentos previos. En realidad, semejante silencio y omisión de las condenas debe ser interpretado como una primera declaración política por parte de la Junta. Se trata, entonces, de “olvidar la historia escandalosa de estos últimos tiempos”6 y de resaltar –esencialmente– la “cordial gratitud”, la concordia y la hermandad entre los pueblos. Hacia mediados de septiembre, sólo aparece una referencia velada a los fusilamientos de los opositores –que naturalmente ya eran de dominio público– y se señala que “la memoria de estos se mira con la mayor execración”.7

Recién a mediados de octubre se difunde en La Gaceta un extenso Manifiesto de la Junta,8donde se explican los crímenes cometidos por los contrarrevolucionarios y se justifican las medidas adoptadas contra ellos. Evidentemente, la noticia había consternado a la población y había suscitado críticas, por lo cual la Junta se ve obligada a referirse explícitamente a un tema que –hasta entonces– expresamente había preferido eludir. (…) El texto refleja tanto la tensión e incomodidad que generó la medida –perceptible incluso en la forma elusiva de referirse a los fusilamientos (el “abismo en el que se han sepultado ellos mismos”; “cuya existencia no nos ha sido posible conservar”)–, como la convicción acerca de la necesidad política de adoptarla.9

El Manifiesto aventura también un pronóstico acerca de la memoria que quedará de los conspiradores, en especial de Liniers, y sigue la mis­ma línea anteriormente sugerida de reescribir –en clave crítica– sus glorias pasadas: “Un eterno oprobio cubrirá las cenizas de D. Santiago Liniers, y la posteridad más remota verterá execraciones contra ese hombre ingrato, que por voluntaria elección tomó a su cargo la ruina y exterminio de un pueblo, a que era deudor de los más grandes beneficios…”.10 (…)

Entre los textos que surgen de la pluma de autores que apoyaron la revolución, las Memorias de Beruti se destacan por la capacidad descriptiva y la riqueza de los detalles… (…) El apoyo que el autor muestra a la causa patriota, no le impide marcar cierta distancia en relación con los hechos… (…) Es así que Beruti se molesta en acompañar –de manera puntillosa– todos los títulos honoríficos al nombre de Liniers y pondera de una manera muy distinta a La Gaceta los hitos de su vida, otorgándole la centralidad en la defensa frente al ataque inglés, y reconociéndole virtudes personales que la Junta le estaba arrebatando en la prensa: “Murió Liniers, murió este grande hombre desdichadamente a los cuatro años catorce días que entró triunfante en Buenos Aires, pues él reconquistó esta ciudad […] del poder de los ingleses. Sus prendas morales eran ejemplares, pues era buen cristiano, muy caritativo, desinteresado, porque cuanto tenía lo daba […] era mucho lo que amaba a los hijos de Buenos Aires”. (…)

En relación con el problema de las formas de morir, a diferencia de La Gaceta –que les atribuyera cobardía por la huida–, el autor encuentra grandeza, dignidad y valor, especialmente en la forma de transitar el instante final y enfrentar la muerte… (…)

Una descripción detallada de los últimos momentos de los conspiradores, se encuentra en la Relación de los últimos hechos del General Liniers –un anónimo que fuera escrito en Montevideo en enero de 1812… (…) El texto pinta, finalmente, un cuadro detallado de las ejecuciones y de la forma honrosa en que, con el cuerpo y la palabra, enfrentaron con dignidad a la muerte: “Liniers dijo: ‘Todo es en vano, estamos en la mano de fuerza; conformidad […] morimos por defender los derechos de nuestro Rey y de nuestra patria, y nuestro honor va ileso al sepulcro’.Calló y pidió al señor obispo le sacase del bolsillo el rosario y paseándose lo rezó y continuó paseándose preparándose para la confesión, todo con tal nobleza y entereza que aseguran algunos que estaban presentes que en aquel estado de ignominia y con los brazos atados, parecía más glorioso que en su victoria de la reconquista y defensa en que con heroica intrepidez despreciaba las balas enemigas”.11  (…)

La decisión de aplicar la muerte a los conspiradores implicaba también tomar una serie de disposiciones en relación con los restos, que –entre otras cosas– lógicamente apuntaban a privarlos de un funeral y un enterramiento considerado digno y acorde a la posición social preeminente detentada en vida. En este caso, los cadáveres fueron enterrados en una estrecha fosa común, que expresamente no tendría ninguna seña que los identificara, en las inmediaciones del pueblo de Cruz Alta. Las órdenes que portaba Castelli establecían que el enterramiento fuese sin pompa alguna y la Junta dispuso que en todos los templos de la ciudad no se hiciesen exequias por los difuntos.

La “conspiración de los españoles” 
El descubrimiento de la conspiración de Álzaga a fines de junio de 1812, iniciaría una represión en la ciudad hasta entonces inédita hacia los peninsulares: 29 acusados fueron condenados a la pena de muerte, 23 enviados a presidio y 11 fueron desterrados de Buenos Aires. La decisión de analizar este caso obedece a la importancia e intensidad que registró, “con el tiempo se descubrirá que la represión desarrollada en 1812 fue excepcional, ya que nunca más se repitieron en Buenos Aires fusilamientos ni encarcelamientos masivos de españoles europeos” (Pérez, 2012: 90). (…)

(…) Como ha señalado Polastrelli, la “conspiración de los españoles” muestra un quiebre también en otro sentido; a diferencia del caso anteriormente analizado acerca de la disidencia en Córdoba, donde tanto la Junta como los conjurados inscribían sus acciones en el marco de la fidelidad a Fernando VII, el orden político que había surgido en 1810 ya no se percibía como parte integrante de la monarquía española, aunque todavía no hubiera definido su status jurídico; en este sentido, el juicio mostraría claramente que el atentado era “contra la Patria y su gobierno” y reflejaría, asimismo, la creciente polarización entre “americanos” y “españoles” y las redefiniciones identitarias que la revolución había inaugurado (Di Meglio, 2007; Fradkin, 2008). De modo que los acusados fueron calificados como “reos de lesa patria”, delito que –si bien remite al de lesa majestad– reemplaza la figura del rey y constituye un cambio significativo en el discurso (Polastrelli, 2011: 4). (…)

(…) El gobierno actuó con celeridad y transmitió un claro mensaje político a través de las sentencias, ofreció a la “expectación pública” los cuerpos de todos los condenados e intentó poner fin al espectáculo sangriento, cuando consideró que había sido suficiente. (…)

Además de la dureza de las penas y el recurso al escarmiento ejemplar, las autoridades enviaron un mensaje paralelo al del castigo: decidieron premiar al negro Ventura, el esclavo que había sido el primer denunciante de la conspiración, otorgándole la libertad y el uso del uniforme del regimiento número 2, con un escudo en el brazo izquierdo donde podía leerse la inscripción “Por fiel a la Patria”. Entregándole además 50 pesos fuertes como gratificación y “un sable para custodia de su benemérita persona, declarándosele con opción al sueldo de soldado de la Patria”.12

La importancia simbólica de este gesto no debería pasar desapercibida, mientras algunos conspiradores son degradados y considerados indignos de portar las insignias militares, el gobierno reconoce la acción de Ventura, y ese acto de lealtad y patriotismo lo hace merecer el uso del uniforme. También ilustra acerca de las nuevas concepciones del significado de ser “benemérito” y, por ende, digno de honores y reconocimientos por los méritos individuales. De este modo, el poder apela a una pedagogía adicional a la del suplicio, desplegando una suerte de fábula política portadora de una clara moraleja que condensa –en la distribución de premios y castigos– los nuevos valores patrióticos y republicanos.13 (…)

Después del tiempo estipulado para la exposición pública del cadáver, la Hermandad de la Caridad se hizo cargo del cuerpo y luego de velarlo en el atrio de San Miguel, le dio sepultura en el Campo Santo del templo, como hacían habitualmente con todos los ejecutados, pidiendo previamente limosna para enterrarlos.

Entre el 11 de julio y el 6 de agosto, Beruti anota otras ejecuciones posteriores que incluyen la práctica deshonrosa de la degradación militar –despojo del uniforme e insignias militares e inutilización de la espada por el verdugo– y la imposición de algunas penas infamantes, entre ellas la del militar catalán Felipe Sentenach (Teniente coronel de artillería del ejército), a quien “antes de morir se le quitó la casaca siendo deshonrado públicamente; y se sacó sobre un caballo a la vergüenza, a que presenciase las muertes de sus compañeros al comerciante de nación gallego Francisco Neyra y Arellano, que va desterrado a la Punta de San Luis…”. También se ejecuta a Fray José de las Ánimas, “siendo el primer religioso que se ha decapitado en esta capital desde su fundación”.14

Evidentemente, a Beruti no le afecta tanto el hecho de que se condenara a los culpables, sino que parece profundamente impactado por lo que percibe como un trastocamiento de las viejas jerarquías, puesto de manifiesto a través de las formas concretas de matar y de morir. La aplicación de penas con connotaciones infamantes y el enterramiento afrentoso resaltan para el autor como hechos inéditos en la historia de la ciudad desde su fundación, teniendo en cuenta el poder y el prestigio social de los principales involucrados.

Numerosos trabajos han subrayado la importancia del carácter público y espectacular que tenían las condenas durante el Antiguo Régimen. La publicidad cumplía un rol central y se lograba a través de diferentes recursos: el pregón de la sentencia, el traslado del reo (paseo), el castigo a la luz del día y a la vista de todos, y la exhibición posterior del cadáver. La pena perseguía dos propósitos: el castigo o la expiación para el culpable y también tenía una dimensión pedagógica, dado que debía servir como ejemplo para el resto. A tal punto tenía una función de disuadir e intimidar, que una de las condenas posibles podía ser presenciar la ejecución de otros (como pasa con el Obispo en Córdoba y con un par de acusados en la conspiración de Álzaga, que luego son desterrados). (…)

(..) es bien conocido que la justicia criminal colonial se ajustaba a las características de una sociedad estamental, que se evidenciaba en la desigualdad de las penas, quedando exentos de la aplicación de penas infamantes los nobles y, en el caso de Hispanoamérica, los españoles en general. La forma más frecuente en que se aplicaba la pena capital en el Río de la Plata era la horca, pero como tenía un carácter infamante (al igual que los azotes), sólo podían ser colgados los de baja condición social, es así que una expresión común en la época para referirse a los pobres era denominarlos “carne de horca” (Levaggi, 1998: 291-303). (…)

En la trascripción de los recuerdos de uno de los asistentes a la aplicación de la sentencia, se aprecia la siguiente descripción: “Apareció Álzaga custodiado por la escolta de capilla, con un sacerdote al lado y llevando en sus manos un pequeño crucifijo de metal amarillo y cruz de madera negra […] Al llegar bajo el arco principal de la Recova, se arrodilló en el suelo así como el sacerdote que los auxiliaba, actitud en que permaneció algunos instantes para reconciliarse con Dios, y desde aquel momento ya no levantó más la vista, sufriendo la descarga fatal con gran entereza: parece que no quiso que le vendaran los ojos y rogó no se le hiciera fuego al rostro, sino al pecho, diciendo a los tiradores: Muchachos, cumplan ahora con su deber”.15

Si en algún punto “morir bien” era hacerlo con serenidad y entereza, “morir mal” se asociaba al pánico y a la cobardía.

Consideraciones finales 
Si nos centramos en el problema de las formas de morir, es evidente –en principio– que ninguno de los ajusticiados tuvo lo que era culturalmente percibido una buena muerte, dado que ésta era una muerte considerada digna, natural, apacible y esperable. Al ofrecer un margen de previsibilidad, daba la oportunidad de cumplir ciertos pasos fundamentales, como asegurar la presencia del sacerdote, recibir los sacramentos correspondientes y elaborar el testamento. Permitía, asimismo, disponer en vida algunas cuestiones trascendentales vinculadas a la piedad mortuoria, que se ponían de manifiesto en los funerales, en el encargo de misas posteriores, en la elección de la mortaja, el lugar de sepultura y las exequias (Barral, 2007).

Si bien la muerte tenía un carácter aparentemente igualador, el ceremonial desplegado alrededor del difunto, las características del cortejo que lo acompañaba a la morada final, el tipo y lugar de enterramiento, reflejaban –como también muestra el artículo de Del Cueto y Piovani– el poder, el rango, el prestigio y la consideración social y familiar alcanzada en vida.

De haber tenido una muerte natural antes de la revolución, los personajes analizados en este trabajo hubieran sido merecedores de las más altas distinciones, las honras fúnebres hubieran marcado un acontecimiento memorable en la ciudad, hubieran sido enterrados con honores y reconocimientos acordes a sus posiciones sociales preeminentes y, sin duda, hubieran ocupado un lugar central en el panteón de las figuras ilustres del dominio colonial. (…)

Algunos cronistas y testigos destacan la valentía, la imponente dignidad, el gesto viril y el coraje mostrado por Liniers, quien habría afirmado ante sus compañeros “nuestro honor va ileso al sepulcro”. Similar entereza se le atribuye a Álzaga y –en los dos casos– los testimonios señalan que ambos habrían rechazado la venda con la que pretendían cubrirles los ojos, para enfrentar cara a cara a la muerte. Del mismo modo, algunos indicios coinciden en señalar que Liniers habría dado una indicación a los tiradores diciendo: “Ya estoy, muchachos” y que Álzaga se habría expresado en el mismo sentido: “Muchachos, cumplan ahora con su deber”. Dejando de lado la cuestión –imposible de resolver– acerca de si las palabras finales remiten estrictamente a la verdad de los hechos o forman parte de una construcción posterior, importa señalar que sin duda reflejan guiones culturales o arraigadas convicciones acerca de las formas de enfrentar la muerte con valor, manteniendo un margen de agencia –e incluso iniciativa– en circunstancias que a priori no permitirían ninguna. (…)

En relación con el problema de las formas de matar, los dos casos de ejecuciones analizados muestran marcados contrastes. Resalta en primer lugar el carácter oculto –a los ojos de la población– de la ejecución de Li­niers (…) , a diferencia del carácter público y espectacular de las condenas vinculadas a la conspiración de Álzaga, aplicadas en medio de la plaza ante una multitud de personas. En esta dirección, hemos señalado que la dirigencia revolucionaria consideró peligroso –en el primer caso– explotar ciertos atributos de la publicidad del escarmiento, que permitían convertir al hecho en un espectáculo. (…) Al evitar la difusión previa de la decisión tomada para terminar con los conspiradores y al prescindir de la teatralización de las ejecuciones, (los revolucionarios) estaban intentando evitar que la medida se les volviera en contra, y que se vieran presionados al perdón, forzados al indulto, circunstancias que –lejos de fortalecerlos políticamente– los hubieran debilitado. (…)

En el caso de Álzaga no hay temores a que se susciten reacciones adversas, la revolución ya no está dando los primeros pasos (aunque esté lejos de estar asegurada) y las clases populares pretenden incluso más dureza que la que ha mostrado el gobierno. La figura de Álzaga reúne la impugnación política (propia de la élite revolucionaria y también de la plebe) y la impugnación social (esencialmente plebeya). A diferencia de Liniers, no se temen las consecuencias de la espectacularidad del castigo, el poder despliega la pedagogía que se imparte a través de las sentencias, ofrece a los condenados a la vista y a los insultos de la multitud y, dada la naturaleza del episodio, puede ser presentado más que como un acto procesal, como un acto político y una celebración patria.16

Un último aspecto que reviste interés, se relaciona con la posibilidad de trazar algunas perspectivas de larga duración –tal como proponen Gayol y García Ferrari en su artículo– vinculadas al problema de las trayecto­rias post mortem y al carácter inestable y coyuntural de las memorias.

Al margen de las intenciones de la élite revolucionaria, que augurara una memoria execrable para los contrarrevolucionarios, una paulatina y progresiva recuperación de las figuras de Liniers y Álzaga se daría entre la década de 1860 y el Centenario. La recuperación de los restos se inició an­tes de los intentos de rehabilitación histórica, que implicaban una relectura del pasado revolucionario y que se concentraron hacia finales del siglo. La exhumación de los cuerpos de los conspiradores de Córdoba se efectuó en 1861, cuando Santiago Derqui como presidente de la Confederación se dispuso a darles una sepultura más decente. Al año siguiente –por iniciati­va de la reina Isabel II– España solicitó los restos de Liniers y Gutiérrez de la Concha, y finalmente terminaron en Cádiz, depositados con honores en el Panteón de los Marinos Ilustres. El monumento funerario simplemente registra los cargos de ambos, mientras que una lápida frente al sepulcro apunta al tardío reconocimiento: “Juntos en la Gloria, como estuvieron en el infortunio”. En relación con los restos de Álzaga, fueron hallados en 1866 al efectuarse una excavación en uno de los patios de la iglesia de San Miguel, así sus descendientes pudieron recogerlos y trasladarlos al cemen­terio de la Recoleta.

Asimismo, desde fines del siglo XIX, primero una estación ferroviaria y luego el barrio correspondiente, llevan el nombre de Liniers. Esta recuperación de la figura del ex virrey y –en menor medida de Álzaga–, se produce en paralelo a la nueva valoración que hace la élite del vínculo con España y de la preferencia de ese tipo de inmigración frente a otras proce­dencias consideradas exóticas (…), que se plasmaría en las celebraciones del IV Centenario del Descubrimiento de América, en el inicio de las conmemoraciones de la Reconquista y en la amputación de las estrofas más combativas del Himno nacional (Bertoni, 2001).

Por otro lado, como hemos visto, la muerte heroica que haría acreedores al honor eterno a los “guerreros” de la revolución, fue un tema expresado o difundido abundantemente por la prensa, leído y cantado en las celebraciones patrias, en las iglesias, en los cuarteles y en el frente, registrado incluso en la piedra a través de inscripciones en pirámides, cenotafios y monumentos conmemorativos. Ahora bien, si consideramos brevemente esta cuestión tan declamada de la “memoria insigne” y la “gloria eterna” con la mirada que otorga el largo plazo, es notorio que los soldados caídos no se incorporaron al panteón de héroes de la nación, la heroicidad no se construyó en torno de sus figuras, lo único heroico fueron –en tal caso– sus muertes. No se trata de plantear aquí que la promesa de la inmortalidad –por naturaleza imposible– haya sido una falacia, sino de intentar pensar este problema en el contexto latinoamericano y enmarcarlo en la compleja construcción del culto a los héroes nacionales.

En los últimos años, se ha avanzado en el conocimiento de esta cues­tión a través de los aportes de distintas perspectivas de análisis que han abordado la relación entre muerte, política y sociedad, al estudiar los significados políticos y simbólicos asociados a la construcción de las memorias y a la veneración de los cuerpos de algunos héroes o mártires. La visión en una perspectiva de largo alcance temporal, ha mostrado la naturaleza abierta de los panteones, la variabilidad en las carreras post mortem de personajes políticos centrales, las relaciones entre los rituales funerarios y la construcción del memorial cívico, el carácter temporario y coyuntural de algunos reconocimientos, y el papel central que juegan los gobiernos en la creación y manipulación de esos cuerpos políticos, dado que la capacidad de asignar sentidos o de reinventar lo que simbolizan reside más en el presente que en el pasado. (Brunk y Fallaw, 2006; Johnson, 2004; Vázquez Mantecón, 2005; Gayol, 2012; Bragoni, 2012). (…)

Numerosas investigaciones han señalado que durante los siglos XIX y XX, los héroes jugaron un rol crucial en el proceso de construcción de la nación en América Latina… (…) A pesar de la variabilidad que se registra en los panteones, un punto central es compartido: el héroe suele decir menos acerca de sí mismo y del contexto concreto en el cual actuó, que sobre la sociedad que lo recupera y lo construye como tal.

Si se piensa –entonces– en la morfología del héroe en el caso argen­tino, es evidente que los simples soldados que conformaban las tropas no alcanzaron en términos generales tal status, la inmortalidad de la gloria resultó ser esquiva, a excepción quizás de la figura del Sargento Cabral (“soldado heroico”), en cuya perduración probablemente haya influido, al margen de la hazaña, la figura mayúscula a quien le salvó la vida –el general San Martín– y la acción militar por la que se lo recuerda, el Combate de San Lorenzo,17 así como la adopción de la marcha que lo evoca por parte del Ejército Argentino.18 Es muy probable que habiendo estado en cualquier otra batalla, perdiendo la vida por otro individuo o siendo rescatado en una composición musical con menor proyección en la liturgia militar, muy pocos recordarían en el siglo XX quién fue Cabral. Naturalmente, para que Cabral tuviera alguna trascendencia, fue necesario que previa­mente se rescatara al propio San Martín del olvido, se lo convirtiera en símbolo de la unidad nacional y “Padre de la Patria”, y se desarrollaran una serie de dispositivos político-institucionales para empezar a conformar el panteón de héroes y construir la nacionalidad respaldada en la tradición patria.19 (Bragoni, 2010; Bertoni, 2001).

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2 La Lira argentina o colección de las piezas poéticas dadas a luz en Buenos Aires durante la guerra de su independencia, Buenos Aires, Academia Argentina de Letras, 1982.
3 Juan Manuel Beruti, Memorias curiosas, Buenos Aires, Emecé, 2001, p. 209.
4 LG, tomo I*, pp. 180-181, 16/7/1810.
5 Ibíd., pp. 300-302.
6 Ibíd., pp. 337.
7 LG, tomo I**, p. 402-403.
8 Ibíd., p. 481 a 496.
9 Ibíd., pp. 481-482.
10 Ibíd., pp. 490-491.
11 Ibíd., op. cit., pp. 4369-4370 (subrayado en el original).
12 Adolfo Carranza, Archivo General de la República Argentina, Buenos Aires, Kraft, 1897-1898, t. XI, p. 281. A la dueña, Doña V. Feijóo, se le pagaron 300 pesos por el es­clavo.
13 La idea de fábula republicana está inspirada en un comentario de Jorge Troisi.
14 J. M. Beruti, Memorias…, op. cit., pp. 213-214 y 216. El fraile fue en realidad fusilado y colgado.
15 Carta de Santos Fortunato Vallester a Ángel Justiniano Carranza, del 20 de octubre de 1874. El documento se incluye en el libro de Enrique Williams Álzaga, Vida de Martín de Álzaga, 1755-1812, Buenos Aires, Emecé, 1984, pp. 242-243.
16 Las ejecuciones de Cabeza de Tigre también fueron actos políticos, pero carecieron de las connotaciones celebratorias que caracterizan a las de 1812.
17 Luego de la victoria militar, San Martín encabezó un discreto homenaje al soldado correntino que había evitado su propia muerte en la batalla. Al regresar a Buenos Aires, or­denó colgar en la puerta del cuartel de Retiro una placa con la inscripción “Al soldado Juan Bautista Cabral, muerto en la acción de San Lorenzo el 3 de febrero de 1813”, que era salu­dada al entrar por oficiales y soldados (Bragoni, 2010: 47). Si bien en 1897 se inauguraría un monumento al negro Falucho, cuya figura condensaría el valor demostrado por los soldados comunes, la trascendencia mayor que en el largo plazo tuvo Cabral es indiscutible.
18 La Marcha de San Lorenzo fue compuesta en 1901 y la letra en 1907, se estrenó en 1902 y ahí fue designada como marcha oficial del Ejército Argentino.
19 Bragoni señala que la muerte de San Martín, el 17 de agosto de 1850 en Grand Bourg, despertó pocas resonancias en la prensa. Recién 30 años después se repatriaron sus restos, en un contexto donde se aspiraba a poner fin a las guerras civiles y a la violen­cia política, a consolidar el estado nacional y la identidad argentina. En este marco, la figura de San Martín se revelaba particularmente potente como símbolo de la unidad nacional, dado que había renunciado a involucrarse en las luchas civiles (Bragoni, 2010: 169-188).

Fuente: www.elhistoriador.com.ar