El 12 de junio de 1956, en la antigua penitenciaría de la calle Las Heras, fue fusilado el general Juan José Valle, líder del frustrado levantamiento cívico-militar del 9 de junio contra el gobierno del general Pedro Eugenio Aramburu. Aramburu había asumido el gobierno de facto el 13 de noviembre de 1955, tras la autodenominada “Revolución Libertadora”, que derrocó a Juan Domingo Perón en septiembre del mismo año. Durante su gobierno se intervino la CGT, se persiguió a la clase dirigente peronista, y hasta se prohibió todo tipo de mención de términos o frases vinculadas al peronismo.
El decreto 4161, del 5 de marzo de 1956, establecía: “Queda prohibida la utilización (…) de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas y obras artísticas (…) pertenecientes o empleados por los individuos representativos u organismos del peronismo. Se considerará especialmente violatoria de esta disposición, la utilización de la fotografía retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones ‘peronismo’, ‘peronista’, ‘justicialismo’, ‘justicialista’, ‘tercera posición’, la abreviatura ‘PP’, las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones musicales ‘Marcha de los Muchachos Peronista’ y ‘Evita Capitana’ o fragmentos de las mismas y los discursos del presidente depuesto o su esposa o fragmentos de los mismos”.
En este contexto, no era fácil para el movimiento peronista resistir el intento dictatorial de hacer desaparecer todo vestigio del pasado reciente. Los comandos de la resistencia, fabriles o barriales, estaban escasamente coordinados y las directivas del líder exiliado apenas se comprendían. Para muchos peronistas, ante el retraimiento de los políticos y el golpe a los sindicatos, la vía golpista con militares leales no dejaba de ser tentadora, aunque a Perón no le sedujera la opción.
Aun así, el sábado 9 de junio de 1956, a casi un año del derrocamiento de Perón, el Movimiento de Recuperación Nacional, al mando de los generales Juan José Valle y Raúl Tanco, organizó una rebelión armada peronista, con participación civil y militar, al estilo de las viejas revoluciones radicales. El epicentro del alzamiento estuvo en el Regimiento 7 de Infantería de La Plata y la Guarnición de Campo de Mayo, mientras que en provincias como La Pampa se produjeron los mayores avances rebeldes.
El intento concluyó al cabo de unas pocas horas. Tres días más tarde, el 12 de junio de 1956, uno de los líderes del alzamiento, el general Valle, fue fusilado junto a otros civiles y militares. La medida contribuiría a profundizar todavía más los odios y rencores.
A continuación reproducimos un artículo aparecido en la revista Mayoría el 3 de junio de 1957, casi un año después de las ejecuciones, una crítica fulminante del accionar del gobierno de facto de Aramburu.
Fuente: Revista Mayoría, N°9, 3 de junio de 1957, págs. 12-15.
Se abre ante la historia el proceso de los fusilamientos de junio de 1956
El lector se preguntará qué nos mueve a abrir este proceso tan doloroso y candente, reavivando congojas y rencores que más valiera dejar evaporarse a través del tiempo, que todo lo borra o mitiga. Y bien, nos mueve el convencimiento de que la generación testigo del hecho debe apresurarse a juzgar de nuevo a los actores, antes de que se opere la prescripción, para rehabilitar a los condenados injustamente y condenar aunque sea moralmente a los que fueron jueces y parte, por lo tanto, jueces prevaricadores. Y en este sentido, acusamos, no tanto a los militares que se responsabilizaron de la despiadada represión, como a las sectas entre marxistas y liberales, de principios laicistas y métodos jacobinos, que los azuzaron continuamente para que llevaran el escarmiento a su máximo rigor. Para esas sectas sin Dios ni Patria, nada hay tan odioso como una nación cimentada en la unidad de sus tradiciones heroicas y cristianas, y como una sociedad equilibrada, en que el mismo proletariado, en lugar de perder sus últimas libertades y sus últimos bienes morales siguiendo mentidas banderas de redención internacional, se aferra a la Fe de sus mayores y al amor de su tierra. Esos señores intelectuales, que dicen predicar el progreso y combatir la regresión, son los verdaderos culpables de los crímenes que ahora se van a esclarecer y que hasta este momento habían permanecido ocultos bajo el silencio cómplice de la prensa “libre e informativa” o adulterados bajo los embustes o reticencias de las versiones oficiales. Estamos sirviendo a la verdad histórica y a la justicia humana, no azuzando pasiones ni clamando venganzas. De todas maneras, los muertos no resucitarán ni su memoria se glorificará con la muerte de otros. Sólo ambicionamos que la historia se escriba al menos esta vez como se debe, y no como la quieren ver escrita los vencedores de la última batalla, y que el juicio de la generación presente como de la posteridad rehabilite la memoria de los que lucharon, no por esclavizar a sus hermanos, sino por un lejano y noble ideal de reparación y concordia argentina.
A ellos, este homenaje de verdad y justicia.
El 13 de junio del pasado año los diarios del país, estrictamente fiscalizados por la dictadura, dieron el siguiente comunicado: “Fue ejecutado el ex general Juan José Valle, cabecilla del movimiento terrorista sofocado”. Ni una palabra más. Y aun esta escueta información ocupaba un rincón de los diarios, con caracteres pequeños, perdida entre un fárrago de noticias insubstanciales.
¿Qué había pasado? ¿Por qué la ejecución del jefe del movimiento revolucionario era ocultada cuando, en los días anteriores, toda la prensa y la radio había pregonado estrepitosamente el motín revolucionario y las ejecuciones de docenas de militares y civiles?
Sencillamente: porque la muerte del general Valle revestía todas las características, no de un fusilamiento, sino de un verdadero asesinato. ¡Así, sin atenuantes! Desde que el día anterior, el 12, el gobierno había comunicado el cese de las ejecuciones. “No habrá ya más penas de muerte. El primer magistrado ejercerá su poder de gracia”, así lo pregona La Nación de esa fecha, en primera página. ¡Poder de gracia! ¿Ejercería Aramburu su poder de gracia? Todas las leyes de todos los países civilizados confieren, en efecto, al supremo mandatario el poder de dictar el cúmplase a una sentencia de muerte o de conmutarla. Sabiamente procuran las leyes rodear de benevolencia y no de despotismo al mandatario.
Pero Aramburu había cumplido exactamente al revés su “poder de gracia”. Contra todo derecho, contra prácticas inmemorables, contra el dictado elemental de la ética había trocado en pena capital los años de cárcel sancionados por los tribunales militares a los amotinados de Campo de Mayo, de la Escuela Mecánica de la Armada y del Regimiento 7 de La Plata. Los “fines de la Revolución Libertadora”, los famosos “fines” ante los cuales la Constitución Nacional, el Derecho Natural y de Gentes, y aun la Ética han suspendido tantas veces sus dictados, le han concedido a Aramburu un arma nueva, no esgrimida aún por mandatario ninguno de este mundo, el “poder de gracia”.
Aramburu condenó a muerte a una multitud impresionante de oficiales, suboficiales y soldados a quienes los tribunales militares sólo habían aplicado años de cárcel. El capitán Eloy Luis Caro –para poner un ejemplo concreto–, juzgado y condenado, el día 10 de junio, a dos años de prisión por un tribunal militar, fue condenado a muerte por Aramburu y ejecutado a las cuatro de la mañana del 11. El tremebundo “poder de desgracia” que le permite a Aramburu fulminar sentencias de muerte, desde su trono omnipotente de la Casa Rosada, ¿iba a convertirse en “poder de gracia” humano y bondadoso en favor de Valle? Ya podían proclamar las radios el cese de las ejecuciones, ya podía Aramburu dar su palabra a la Suprema Corte de terminar las matanzas. No estaba satisfecha en su sed de escarmientos. Valle tenía que morir. Lo exigían así “los fines” de la Libertadora.
Si las intenciones de Aramburu y su círculo, en la tarde del 11, eran proseguir las matanzas, ¿qué le pudo impeler a pregonar la cesación de los fusilamientos, comprometiendo su palabra, su honor militar, su dignidad de Presidente y aun de hombre? La proclamada conmutación de la pena máxima, ¿fue sólo una treta para lograr nuevas redadas de incautos? Si el gobierno se avino a empeñar una palabra que no estaba dispuesto a cumplir, fue, en primer lugar, porque la nación entera, ante los ajusticiados en masa, había caído presa de pánico colectivo. Se había fusilado a centenares sin proceso y aun a veces sin la debida identificación de las víctimas.
Caen muchos inocentes
Así, por ejemplo, en la trágica noche del 9 al 10, fue sacrificado un conscripto detenido por prófugo desde hacía días en la comisaría de Lanús. El pobre muchacho no tenía ni la menor idea del motín. Lo arrolló la ola mortífera sólo porque sí. Enloquecido de espanto, clamaba:
-¡Soy desertor! ¡No sé nada de revoluciones! ¡No me maten!…
-¿Desertor vos? Vos son un peronacho inmundo –le contestó el oficial de Marina, encargado de las ejecuciones, y lo empujó al muro de las matanzas.
Aquella misma trágica y helada noche del 9 se practicó una cacería de muchachos en el camino de Chilavert a José León Suárez, según empezamos a narrar en el número anterior bajo el título de La Operación Masacre. Allí quedaron al raso una decena de cadáveres, desangrándose bajo las estrellas, en medio de un silencio y una soledad terribles. Muchachos ajenos al motín. Se los sacó de sus casas y se los llevó a matar, a la luz irritante de los faros de los carros de asalto. Sin proceso, sin defensa, sin sentencia. Sólo por exigirlo los nervios crispantes y el furor epiléptico de los inefables señores consultivos: el católico Luis María Bullrich (hermano carnal de un sacerdote jesuita) y el socialista Américo Ghioldi (hermano carnal de un militante comunista).
En los días 10 y 11, se ajustició sin asco en las comisarías de Lanús y Avellaneda, en la cárcel de Las Heras, en la Escuela de Mecánica del Ejército, en Campo de Mayo y en La Plata. El rumor difundía que los muertos se contaban por centenares y aun por millares. El Gobierno se cuidaba de no comprometerse dando listas completas. En las ciudades ardía el espionaje y la delación. Quien ocultaba a un revolucionario, sólo por eso se hacía pasible de la pena capital. Se ordenó ametrallar a los generales Valle y Tanco allí donde se los encontrara. Los “Comandos Civiles” entraban y salían enfurecidos, con absoluta impunidad, por los domicilios privados. Los talleres, las fábricas y aun el comercio estaban paralizados de terror. La gente viajaba en los subterráneos y en los trenes como perdida. Esto no había pasado jamás. Esto no creíamos que pudiera pasar en sitio alguno del mundo.
Ya en la tarde del 11 era tan subido el grado de consternación colectiva, que hasta los mismos autores estaban aterrados de su obra. Esa misma tarde, la Suprema Corte había acudido en pleno a la Casa Rosada a protestar ante Aramburu por la ilegalidad y barbarie de las ejecuciones. Incluso lo había amenazado con la renuncia en pleno de todos sus miembros. Igual presentación habían hecho el Nuncio y los Obispos. Aramburu, temiendo verse desautorizado así, empeñó su palabra -¡Palabra de Aramburu!- de cesar las matanzas a partir de la hora cero del día 12.
Pero pese al honor comprometido, a la severa amonestación de la Corte, al pregonado cese de los fusilamientos, pese a todo, Aramburu hizo matar a Valle, a su amigo Valle, a las 22 del 12 de junio. Valle no murió, por tanto, ejecutado. Murió asesinado. Ningún sofisma, ninguna triquiñuela leguleya librará a los responsables del juicio lapidario de la historia. No sin razón, los diarios del 13 escondieron en un rincón la información del crimen.
Nadie conoce el número de las víctimas
Cuando se leen hoy, apenas a un año de distancia, las crónicas de los diarios y los discursos de Aramburu, Rojas, Ossorio Arana referentes a aquella menguada intentona, salta a la vista la cruel desproporción del castigo. En sus declaraciones de prensa del 10 de junio, Aramburu mismo desestimó los efectivos sublevados (La Nación, 11 de junio, p. 9, c. 8). Se redujeron a una de las compañías del Regimiento 7 de La Plata, a una agrupación de infantería de Campo de Mayo, que se rindió sin combatir, sin disparar un solo tiro, y a grupos de civiles que se adueñaron de la Municipalidad y de la Radio de Santa Rosa. Tres focos insignificantes. A las pocas horas, todo se hallaba en perfecta calma.
Sin embargo, las represalias no pudieron ser más terribles. Se ajustició antes, durante y después de la ley marcial. ¿Cuántos cayeron segados por las balas de los “libertadores”? Se han ocultado celosamente las cifras exactas. Jamás se dieron listas de nombres. Fueron sistemáticamente burlados los pedidos al respecto formulados por la prensa nacional y extranjera. En esferas informadas de las Fuerzas Armadas, se habló, primero, de 390 oficiales y suboficiales. La cifra se elevó, luego, a 406. Comunicados de la United Press duplicaron este número, sin incluir en él a los desaparecidos. Tampoco se dio jamás ni el número ni el nombre de los apresados y confinados en las cárceles australes.
A esa ola de matanzas dio curso legal el decreto dictado por Rojas a las 0:30 del 10. Decreto que puso la vida de los argentinos a merced de cualquier oficial con facultad de ajusticiar a quien quisiera “por sólo sospechas de cualquier naturaleza”. Decreto que podría pasar como ejemplo clásico de incitación al crimen. ¿No daba carta blanca a los oficiales y civiles de los “Comandos” para asesinar a cuantos opositores o enemigos personales se les diera la gana?
Azuzados por el decreto, aquella mañana del 10, unos “niños bien”, conocidos como “los torturadores del segundo piso del Congreso”, por la refinada saña desplegada en ese lugar, invadieron la Cárcel de Caseros, pasando por encima de su Director, y ocuparon la mañana en vejar a los presos políticos: Leloir, Albrieu, Benítez, Cooke, Rocamora y otros. Durante la tarde y parte de la noche los tuvieron de cara al muro, las manos en alto, con un pelotón de soldados apuntándoles a la espalda, a la espera a cada instante de la voz de “¡Fuego!”.
La matanza de Campo de Mayo
Los oficiales sublevados en Campo de Mayo –como ya dijimos- se entregaron sin disparar un solo tiro. Lo confesó así el ministro Ossorio Arana en declaraciones de prensa. Al punto fueron juzgados conforme al Código Militar. Se formó tribunal. Se dictó sentencia. Esta fue comunicada oficialmente a los comprometidos y a sus familiares, a las 20 del domingo 10. Dicha pena consistía tan sólo en años de cárcel. (…)
Se burlaron los “libertadores” del juicio militar, de la sentencia, del fallo, de la comunicación ya hecha a los implicados y a sus familiares. Se burlaron del Jefe de Campo de Mayo, Gral. Lorio, a quien obligaron a fusilarlos a todos, a todos sin remisión, aquella misma noche. La escena fue inenarrable. No hacía dos horas que los militares juzgados se habían acostado a descansar de su cansancio y su fracaso, después de largos días de vigilia, cuando fueron despertados por los generales Lorio, Arandía y el Capellán Militar, con la noticia inimaginable de que se levantaran para ser ajusticiados, por disponerlo así el gobierno, haciendo caso omiso del fallo militar. La oficialidad en pleno fue conminada a presenciar aquel espectáculo de sangre y de vergüenza para el Ejército. Desde el Jefe hasta el último soldado quedaron todos estremecidos tanto por lo criminal del castigo cuanto por la grandeza de alma de los castigados. A las cuatro de la mañana del 11 cayeron con admirable entereza los coroneles Ibazeta y Cortínez, los capitanes Caro y Cano, los tenientes Noriega y Videla, los suboficiales Paolini, García y mucho más.
La historia asociará a los nombres de los seis oficiales ejecutados en Campo de Mayo los de tres suboficiales, humildes servidores del Ejército y de la Patria. Son estos: el sargento Luis Pugneti, padre de dos niños, uno de 8 años, otro de apenas meses; el suboficial Luciano Isaías Rojas, padre de tres nenes, de 5, 3 años y un mes; el suboficial Luis Isauro Costa, padre de cuatro hijos de 8, 5, 3 y 1 año. ¡Tres padres de familias y nueve huérfanos! Los mencionados suboficiales fueron ejecutados en el Penal de Las Heras en la madrugada del 11 o acaso la tarde del 10. Lo cierto y terrible es que sus familiares no fueron enterados ni de la condena a muerte, ni del fusilamiento, ni siquiera del entierro. Recién ocho días después de sepultados fueron llamados los padres, las esposas y los hijos de las víctimas y se les señalaron los rectángulos de tierra, en el cementerio de Chacarita, donde yacían los cadáveres.
Las matanzas en otras partes
Análoga suerte a la de los sublevados en Campo de Mayo corrieron los de la Escuela de Mecánica del Ejército. El general Huergo abogó furiosamente por la pena capital, contra la opinión en contrario del general Arandía Ricardo y del coronel Pizarro Jones. Estos, con toda razón, se negaban a castigar una falta con una pena dictada con posterioridad. El teniente coronel Quijano Semino tuvo la valentía de apoyar con firmeza el justo parecer del tribunal; y con severas palabras censuró la prepotencia de Huergo: “Nada tiene que hacer Ud. aquí. Ud. es un general en disponibilidad”.
El tribunal juzgó conforme al Código Militar y aplicó años de cárcel, no la pena capital. Pero el dictamen del tribunal, que había parecido justo incluso al ministro Ossorio Arana, no conformó a Aramburu ni a los consultivos. (…) Cuando Arandía y Pizarro Jones se retiraban de la presencia de Aramburu, después de haber agotado todos los recursos en defensa del Derecho, palidecían como muertos.
No sólo se ajustició a oficiales, suboficiales y soldados. La ola revanchista cubrió a un grueso número de civiles, muchos de ellos aún sin identificar. Un comunicado oficial transmitido el 10 anuncia: “Fueron fusilados en Avellaneda: el teniente coronel Valentín Irigoyen, por haber sido encontrado con transmisor portátil y proclamas revolucionarias; el capitán Jorge Miguel Costales, por comandar un grupo civil perturbador en Avellaneda, y los civiles Clemente Braulio Ross, Norberto Ross, Osvaldo Albedro y Dante Lugo”. Otro comunicado anunció el fusilamiento de dieciocho civiles “por intentar asaltar la comisaría de Lanús”. Estos comunicados los ostenta jubilosa La Nación del 11 de junio, en primera página, bajo una gran foto que exhibe, llenando la calzada frente a la Casa de Gobierno, a toda nuestra oligarquía, reunida allí para homenajear a Rojas y Aramburu.
“¡Aramburu, dale duro!” era el estribillo más socorrido de toda aquella crema social. Reclamaba más sangre. Aún no estaba satisfecha. Fue el gran Belloc, si no nos equivocamos, quien dijo que el síntoma más patente de la decadencia del mundo moderno era la crueldad. Una sociedad que no reacciona ante las matanzas es mala. Pero la que las reclama para satisfacer su odio de clases es sencillamente abominable a los ojos de Dios. Difícilmente nuestros ojos podrán contemplar jamás un espectáculo de barbarie semejante al que vimos en esos días ensangrentados. Buenos Aires pecó, pecó colectivamente derramando sangre de hermanos. Delito horrendo, que difícilmente escapará a un castigo bíblico. Y cuando es Dios quien de su mano venga la sangre derramada del hermano, es de temer el peso de su mano.
Ligereza criminal: ¡una equivocación!
“Sólo por intentar asaltar la comisaría de Lanús” se ejecutó a dieciocho muchachos de pueblo.
El comunicado oficial ahora citado anunciando la ejecución del teniente coronel Valentín Irigoyen, tergiversa a sabiendas para echar sombras sobre uno de los más abominables actos de barbarie de los “libertadores”. El asesinado en la policía de Lanús, en las primeras horas del 1° no fue el teniente coronel Valentín Irigoyen sino su hermano el coronel José Albino Irigoyen, quien prestaba servicios en la Dirección de Defensa Antiaérea.
El mencionado coronel Irigoyen, el capitán Costales y los civiles Dante Lugo, Clemente Ross, Norberto Ross, Osvaldo Albedro y varios más en número de veinte habían sido apresados por la Policía de la Provincia en la Escuela Industrial de la Nación, en Avellaneda. Inmediatamente fueron trasladados a la seccional de Lanús. El coronel Irigoyen vestía su uniforme con los correspondientes distintivos y llevaba consigo su cédula militar. Era imposible confundirlo con su hermano Valentín, teniente coronel retirado.
Los detenidos fueron encerrados juntos en una dependencia de la comisaría. Desde allí pudieron escuchar con toda nitidez el siguiente diálogo telefónico, mantenido entre el subjefe de Policía de la Provincia y un general. “Sí, mi general… Como no, mi general. Sí; efectivamente tenemos un coronel y un capitán… Muy bien, mi general, sus órdenes serán cumplidas…”. Apenas pasaron unos instantes, cuando un hombre vestido de civil, pero al parecer militar, abrió la puerta de la habitación de los detenidos y dijo: “Pase el coronel Irigoyen”. Salió éste. Y no habrían pasado cinco minutos cuando se oye el grito de Irigoyen: “¡No tiren, no tiren!”. Al punto una descarga cerrada y luego un tiro aislado. Pocos minutos después volvía el mismo civil a llamar desde la puerta: “Capitán Costales”. Nueva descarga y nuevo tiro de gracia. Así se fue asesinando, sin la menor indagación, sin el menor proceso y sin la debida identificación de las víctimas. Cayeron dos oficiales, cinco civiles y un niño de unos dieciséis años.
Y hubieran caído los veinte detenidos de no sonar el teléfono en medio de la carnicería con la orden de suspender los asesinatos. “Esperen, no maten más. Ha habido una equivocación. No era a éstos…” –dijo un oficial no bien colgó el tubo. No es para decir el estado de los que esperaban el llamado a la muerte. Efectivamente hubo una “pequeña” equivocación. Por eso, paradojalmente, los restantes detenidos, a quienes salvó de las balas el llamado telefónico, esa misma tarde eran puestos en libertad. Entre ellos algunos oficiales quienes tuvieron el tino de ocultar su condición de tales. Las declaraciones de los sobrevivientes constituirán mañana un testimonio de excepción, solemne e intergiversable, que revelará a las generaciones futuras hasta donde puede llegar la barbarie cuando los métodos de represión los dicta el odio.
A las 9 de la mañana de aquel trágico domingo 10, los restos de los asesinados llegaban al Policlínico de Lanús. Tras el crimen la profanación. Allí el jefe de Personal, un tal Portela se permitió, entre insultos y risotadas, patear el cadáver del coronel Irigoyen. Procede dejar constancia del hecho para que el sacrílego jefe de Personal reciba el condigno juicio de la historia. Recién en la tarde del siguiente día los familiares de las víctimas obtuvieron permiso policial para sepultar los cadáveres, que recogieron desnudos y despedazados. Quede también registrado para la historia el hecho inhumano de habérseles negado a los asesinados todo auxilio espiritual, a pesar de sus insistentes reclamos. El furor llegó hasta privarlos de la absolución sacerdotal.
Recuadro: La noche del 9 de junio, a las 1.30 de la madrugada, ante un grupo de periodistas que se encontraban aguardando noticias de los sucesos en la Casa de Gobierno, se desarrolló el siguiente diálogo, entre el contraalmirante Rojas y el general Quaranta:
-Señor general Quaranta, esos detenidos de Lanús y Avellaneda deben ser juzgados sumariamente y fusilados al amanecer.
-Ya es tarde, señor contraalmirante. ¡Ya han sido fusilados!
Cómo trató el gobierno de justificar los fusilamientos
Aterrado el gobierno de Aramburu por el terror que él mismo provocara en el pueblo con la mole inmensa de los cadáveres de sus víctimas -¡regio presente a la Democracia y la Libertad!-, se arrojó de inmediato a magnificar la asonada para justificar ante la nación y el mundo lo brutal de los castigos. La magnificación de los hechos no tuvo límites. Los discursos de Aramburu y Rojas y las largas crónicas de los periódicos hablan de “horrendos planes terroristas”, de “asesinatos en masa”, “de incendio del barrio norte”, de “destrucción y saqueo de iglesias (incluso la Catedral)”, de “incendios de los locales de los diarios democráticos”, de “destrucción de fábricas”, etcétera.
Según Rojas, el movimiento de junio “tiene ramificaciones en el resto de América. Sofocarlo es, no solamente defender la democracia y la libertad argentina, sino también la de todo el continente americano” (La Nación, martes 12 de junio, p.3 c.3). Más lejos llegó Aramburu al vincularlo al movimiento comunista mundial. “Puede asegurarse que el movimiento no tenía solamente un fin político. Era un plan terrorista que había de dar distintas “satisfacciones” a sus miembros concurrentes: a unos, el poder y autoridad política; a otros, dinero o bienes; a los más, como accesorias, venganzas. Técnicamente había sido planeado, de acuerdo con el molde comunista, en grupos celulares con jefes y fines propios e independientes, de conducción comunista indudablemente”. Así, textualmente, lo aseguraba La Nación del 12 de junio, en primera página y primera columna. Y remataba la crónica con estas palabras: “Pudo así definir el general Aramburu esa coalición crimonosa en esta forma: Cabeza comunista y cuerpo aliancista-peronista”.
Pero, cuando más allá de sus vaguedades altisonantes, pretendió el gobierno aducir concretos para justificar los centenares de fusilamientos, encarcelamientos y torturas, lució su ingenio inventando patrañas burdas y pueriles, a las que la prensa “libre” calificó de “importantísimas revelaciones presidenciales ilustradas con elementos originales de alto valor” (La Nación, 12 de junio, p.1 c.1). ¿Qué prueba sensacional o qué hallazgo misterioso reveló Aramburu para justificar las ejecuciones, los secuestros, los encarcelamientos, las torturas, los confinamientos, con todas las secuelas de hambre, miseria y luto que ello trajo a millares de familias argentinas? Avergüenza recordarlo:
1°- “El hallazgo de dos valijas abandonadas en un auto asimismo abandonado”. ¿Qué contenían las misteriosas valijas? Unos sobres. Y, ¿esos sobres? La orden a los “jefes de manzana”, allí nombrados, de pasar a degüello a todos los oligarcas de su manzana. Y ¿quiénes resultaron ser los dichos “jefes de manzana”? Según una sensacional revelación, dada unas semanas después por la Secretaría de Prensa de la Presidencia, los tremebundos jefes de manzana resultaron ser unos bonachones vecinos, algunos hasta miembros de la Acción Católica. Como es de imaginar, éstos quedaron paralizados de asombro al verse señalados por el gobierno para tan infernal menester. Y, por supuesto, todo fue anunciar la Secretaría el gran secreto, y comenzar a llover solicitadas en los diarios desmintiendo al gobierno. Este, como es su costumbre, dio la callada por respuesta y se tragó muy “pancho” el papelón. ¡Asombrosamente inteligente la farsa de las valijas abandonadas! Ya se cuidará el gobierno de recordarla. Algún día podrá ponerse en claro quién fue el autor de la broma de las valijas en la que cayó Aramburu tan “inocentemente”!
2°- Otro descargo del gobierno fue acusar a unos estudiantes, entre ellos a Raúl Lagomarsino, Marcos, Held y pocos más, a quienes se había detenido semanas antes, de “explotadores de mujeres, estafadores y delincuentes”. Los mencionados no tenían ningún contacto con el movimiento de Valle. Habían sido detenidos –repetimos- varias semanas antes. Procesados y juzgados, ha sido ya probada su desconexión con el movimiento de junio. Sin embargo, Aramburu, en ocasión gravísima, ante la prensa mundial, no vaciló en clasificarlos de tratantes de blancas, ladrones, delincuentes, invertidos. ¿Tenía algo que ver todo esto con el motín?
3°- Tan falso como los anteriores fue el tercer cargo formulado a los sublevados: que la revuelta había sido encabezada por comunistas extranjeros desconocidos. Lo cual no obstó para que Aramburu pudiera asegurar a renglón seguido: “Pero ya no habrá más revueltas en la Argentina, porque hemos matado a las cabezas” (La Prensa, 14 de junio, p.1 c.1). ¡Las cabezas estaban fuera, pero Aramburu las mató dentro del país! Estas necedades y la promesa de un “Libro negro”, que por supuesto no publicará jamás, es todo cuanto alegó el gobierno en descargo del huracán de matanzas con que anegó al país.
¿Cómo es posible –se pregunta uno- que el país no reaccionara, que no reaccionara el Ejército, el más castigado, que no reaccionaran nuestros intelectuales ante tanta barbarie unida a tan canallescas mistificaciones? Primero, porque complotada con el gobierno, trabajó a todo vapor la gran prensa mercantil, poniendo en juego sus mecanismos anestesiantes de la opinión pública. Y, segundo, porque el país no se hallaba gobernado sino invadido; y, como tal, sometido a los más temibles métodos de sojuzgamiento que ponen en juego los paladines de la libertad cuando ven amenazados sus privilegios.
“Ruego a Dios que mi sangre sirva para unir a los argentinos”
Al rayar el alba del domingo 10, ya se habían apagado todos los fuegos revolucionarios. Los complicados huían en desbandada por los caminos de la Provincia, buscando ganar las fronteras o deambulaban por las calles de Buenos Aires en procura de asilos diplomáticos. Los más llamaban a las puertas de un amigo, bajo cuyo amparo pudieran escapar a la nube de pesquisas, policías y sabuesos de los Comandos Civiles, lanzados a la caza de los conspiradores.
Valle, toda aquella mañana, caminó pausadamente por la ciudad. Durante el levantamiento había comandado a su gente, a la par de Tanco, en Avellaneda. Cuando todo estuvo perdido, pasó el puente y enderezó hacia el centro de la ciudad. Iba solo con su alma, rumiando el descalabro. No necesitaba de camuflajes. Las muchas vigilias, el cansancio, los sinsabores no desfiguraban su rostro. Largas patillas. En el ceño y los labios, hondas huellas de muchas noches insomnes. Pálida serenidad en el rostro.
¡Con qué claridad veía ahora que había salido, no a luchar, sino a corajear, no a matar sino a morir, arrollado por la ola incontenible de un pueblo que pretendía ingenuamente sacudirse de encima la opresión como si fuera ésta sólo una pesadilla que se la aleja cambiando de lado! No había conducido él a los suyos. Los suyos le habían arrastrado a él. A la sobra de ímpetu se había unido una falta casi total de prudencia. Todo lo que había abundado el coraje había faltado la astucia. Luego, los hombres… ¡Qué poco conocimiento tenía el pobre de los hombres! ¡No sabían cuán fáciles son en prometer y cuán difíciles en cumplir! De cien, apenas si se habían presentado diez.
Por otra parte, el gobierno desde hacía tiempo tenía en su mano todos los hilos de la conspiración. Aramburu mismo lo expresó así. Pudo apresar a las cabezas. Pudo evitar el levantamiento. Pudo ahorrar sangre. Pero no, permitió que todo prosiguiera hasta el fin. Así marcaba uno a uno a sus enemigos. Así, de una buena vez por todas, los escarmentaba con un castigo ejemplar. No de balde cuenta con un espionaje al que nada escapa. No de balde había filtrado hábiles “escuchas” en todos los cuadros del enemigo. Conocía muy bien los objetivos, y sus infiltrados representaban a las mil maravillas el papel de conspiradores, enardeciendo los ánimos, presentándolo todo fácil, todo ganado para la revolución.
Hacia el Barrio Norte
Era ya el medio día. Valle, imprudentemente, podría decirse que inconscientemente, se dirigía ahora hacia el barrio norte, al foco de mayor peligro, donde tan fácilmente podía ser reconocido. Sus fuerzas -pensaba- apenas si habían entrado en acción. Estaban prácticamente intactas. ¿No podría reunirlas a corto plazo y, aleccionadas por la experiencia, expurgadas de espías y fogueadas por el fracaso, lanzarlas de nuevo a la lucha? De verdad que la derrota, lejos de arredrarle, le daba coraje. De verdad que no imaginaba la ola de matanzas que en esos mismos momentos se estaba desatando.
Los comunicados oficiales de la radio comenzaron a propalar las primeras matanzas: Valentín Irigoyen, Jorge Miguel Costales, los hermanos Ross, Albedro, Lugo… A todo el personal militar, policial y de gendarmería se prescribía la captura del coronel Cogorno. Aviones Gloster Meteor bombardeaban despiadadamente el Regimiento 7 de Infantería de La Plata. Bombarderos Avro Lincoln diluviaban metralla sobre la Estación de radio de Santa Rosa, y las manzanas vecinas. Phillipeaux, muchacho magnífico, había caído capturado. En todas partes: juicios sumarísimos y ajusticiamientos.
Todo ello caía en el corazón de Valle, sumiéndolo en una congoja infinita. Pero lejos de confundirlo, ese gran dolor daba nitidez, asombrosa nitidez a sus ideas. Cada hora que pasaba veía más claro que su deber era caer como uno más en el montón de los ajusticiados. Debía morir, porque “jamás podría mirar con honor a la cara a las madres y esposas de los asesinados”. Entró en la casa de un amigo, en pleno Barrio Norte, pero no ya para esconderse sino para prepararse tranquilamente a la muerte. Su serenidad era tanta, que, allanado el departamento, momento después de haber llegado él, pasó inadvertido. Los allanantes jamás habrían advertido que tenían a la mano al tan buscado jefe de la revolución.
Valle toma la resolución de entregarse
Deseaba no comprometer a sus amigos, no traerles el menor cuidado. Abandonó de inmediato su primer refugio y, con la imperturbable tranquilidad de siempre, salió otra vez a la calle en busca de un sitio soledoso, donde como cristiano y como hombre de honor, lo dispondría todo antes de dar el paso definitivo. Todavía en la noche del 11 dejó su nuevo refugio, donde había pasado la tarde del domingo y todo el lunes, para llevar su pésame a la familia de un coronel, su entrañable amigo fusilado en la madrugada de ese mismo día. Al restituirse a su domicilio, su resolución ya estaba tomada irrevocablemente. Se entregaría a sus enemigos en la madrugada del siguiente.
Esa misma noche del lunes, un amigo suyo concibió el plan de salvarlo presentándose al capitán Manrique, en la Casa de Gobierno, e intercediendo por él. Bien veía Valle que todo sería inútil. Jamás habría aconsejado ni permitirlo siquiera a sus amigos se valieran de su amistad con gentes del gobierno para interceder en su favor. Impuesto Manrique del propósito de Valle, esa misma noche se hizo presente en el domicilio de Rojas, acompañando al amigo de Valle, y le comunicó la “gran noticia”: Valle se entregaba.
Al término de esta entrevista, desde el domicilio mismo del contraalmirante, habló con Valle su amigo y le transmitió la palabra de Rojas: “Bajo mi responsabilidad, que se entregue. Su vida no correrá peligro ninguno”. Sin embargo a Valle el corazón le anunciaba premonitoriamente que ni esa palabra de honor ni el comunicado del gobierno de la mañana del 12 anunciando el cese de las ejecuciones serían cumplidos. Pero, ¡qué más daba! Él había determinado entregarse a la muerte, y se entregó a las 4 de la mañana de ese mismo día. ¿Quién tuvo la satisfacción de detenerle, no bien sus amigos revelaron su escondite? Precisamente, el capitán Manrique…
Trasladado al Regimiento 1 de Palermo, se lo juzgó y se lo condenó a muerte. Se dice que fue Rojas quien firmó primero de todos la sentencia. Llevado después del medio día a la cárcel de Las Heras, hizo gala de una ejemplar entereza cristiana y de sorprendente valentía. Con firme pulso escribió sus célebres cinco cartas, entre ellas, la dirigida a Aramburu, conocida ya en todo el mundo y traducida a varias lenguas.
Recibió los Santos Sacramentos. Se despidió de su hija con un diálogo sublime, comparable al del héroe del Alcázar de Toledo. Consoló a su Párroco, que lloraba a lágrima viva. Y de pie, de cara al pelotón, perdonó a sus asesinos. Invocó a Dios. Ofrendó su vida por la causa del pueblo, único móvil de su acción, y por la unión de todos los argentinos. “RUEGO A DIOS QUE MI SANGRE SIRVA PARA UNIR A LOS ARGENTINOS”.
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