El 20 de septiembre de 1984 la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada en diciembre de 1983 para investigar las violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura militar, entregó al presidente Raúl Alfonsín el Nunca más, el informe que documentaba la existencia de 340 centros clandestinos de detención y 8.961 casos de desapariciones.
Recordamos aquel histórico acontecimiento con fragmentos del libro La historia política del Nunca más: la memoria de las desapariciones en la Argentina, de Emilio Crenzel. El libro describe la política de exterminio del gobierno militar que gobernó al país entre 1976 y 1983, analiza la constitución de la CONADEP, las presiones que debieron enfrentar sus miembros, la delimitación del alcance de la investigación, y el modo en que el Nunca más se convirtió en un “relato integrado” para abordar el pasado que “derrumbó el monopolio de la interpretación difundida hasta ese momento, durante más de un lustro, por los perpetradores de las desapariciones”.
A partir del análisis de la construcción de una “verdad histórica”, el autor también recorre las diferentes reinterpretaciones del informe y las luchas libradas en torno a la memoria del pasado, desde su publicación, en 1984, hasta el año 2006, momento en que se redactó un nuevo prólogo en el contexto de una revisión de la política de derechos humanos durante del gobierno de Néstor Kirchner.
Fuente: Emilio Crenzel, La historia política del Nunca más: la memoria de las desapariciones en la Argentina, Buenos Aires: Siglo XXI, 2014, págs. 53-103.
Hasta la derrota militar argentina en la guerra de Malvinas, los intentos por construir una verdad alternativa a la voz oficial sobre las violaciones a los derechos humanos tuvieron un escaso impacto en la opinión pública. Las denuncias fueron neutralizadas con relativo éxito por la dictadura y la dirigencia de la sociedad política y civil, que conocían su contenido. Tras la guerra, se abrió un nuevo escenario político. La dictadura quedó aislada internacionalmente, perdió el apoyo de las clases medias, que ahora consideraban falaz su discurso y denostaban su autoritarismo, su incapacidad de garantizar el consumo y contener la inflación, y se manifestó de manera abierta la protesta sindical, reprimida con violencia días antes de comenzar la guerra.
En este contexto se produjo la ruptura del silencio público sobre las desapariciones. A partir de octubre de 1982, pero de manera especialmente notoria en el verano de 1983-1984, la prensa –poco antes favorable a la dictadura- difundió intensamente, y con un cariz sensacionalista, las exhumaciones de tumbas NN efectuadas tras las denuncias de familiares de desaparecidos; publicó testimonios de sobrevivientes, informes de los organismos de derechos humanos y declaraciones de los perpetradores relatando sus crímenes. Así, las desapariciones se instalaron como tema central de la información pública… (…)
La transición política estuvo determinada por la debilidad de la dictadura para imponer condiciones al futuro gobierno civil y la renuencia de la oposición a procurar su derrumbe. Cabe recordar que los partidos políticos, la dirigencia empresarial y social, las jerarquías religiosas y los principales medios de comunicación habían impugnado, en 1979, la visita de la Comisión de la OEA, calificándola como una injerencia extranjera en los asuntos del país, y defendieron la “lucha antisubversiva”. Tampoco habían reclamado por los crímenes cuando la dictadura convocó en 1980 a un “diálogo político” y, pese a no asumir ningún compromiso de no revisarla, acompañaron la voluntad de olvido del régimen o, a lo sumo, le solicitaron sincerar lo sucedido por medio de la publicación de las listas de desaparecidos, tesitura que mantuvieron pese a la entrega del Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, director del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) en 1980, y tras agruparse, en julio de 1981, en la “Multipartidaria”. La Iglesia, por su parte, se mantuvo públicamente en silencio ante los crímenes y recién en 1981 condenó los métodos ilegales empleados en la lucha antisubversiva. (…)
En ese escenario, los organismos de derechos humanos canalizaron buena parte del repudio al régimen y se erigieron en un actor difícil de soslayar en la escena política. (…) Los denunciantes no clamaban venganza, no manifestaban odio ni expectativas de cambiar el orden social, sino que exigían justicia al estado por las violaciones sufridas. (…)
El 31 de octubre, tras (el) triunfo electoral (de Raúl Alfonsín), los organismos de derechos humanos volvieron a solicitar la constitución de una comisión investigadora parlamentaria que estableciese las responsabilidades políticas del terrorismo de estado con su colaboración y asesoramiento.
(…) Conte y los diputados del Partido Intransigente impulsaron esta iniciativa, la cual logró el apoyo del Partido Justicialista… Sin embargo, lo que más preocupó a Alfonsín fue advertir el fuerte apoyo que recibía esta iniciativa en su propio partido (y) comenzó a elaborar como alternativa formar una “comisión de personalidades” para investigar el pasado.
Carlos Nino explicaría que el rechazo del Presidente a la comisión bicameral se fundaba en que éste consideraba que una comisión del Congreso embarcaría a los legisladores en una competencia por la autoría de la sanción más dura contra las Fuerzas Armadas, y daría así origen a una situación de extrema tensión. (…)
El decreto presidencial 187 del 15 de diciembre de 1983, que creaba la CONADEP, suponía la intervención efectiva de los poderes del estado a través de la dependencia de la Comisión del Ejecutivo y de la participación de los legisladores, y también la intervención de la sociedad civil; así, de algún modo, la CONADEP se volvía una intersección entre el estado y la sociedad civil. Su creación alumbró la desconfianza del gobierno sobre la capacidad de los poderes del estado de derecho, como el Parlamento, y de la dirigencia política como marco y actores para elaborar una verdad compartida sobre las desapariciones, aun en un momento de refundación institucional.
La “despolitización” de la investigación aparecía para el Ejecutivo como una precondición necesaria para no reproducir los enfrentamientos que, sobre el sentido del pasado, signaron la historia nacional y alimentaba sus temores, ya referidos, a que el Congreso contrariara la meta oficial de justicia limitada.
(…) Sus integrantes (…) eran figuras públicas prestigiosas en una diversa gama de actividades. Los religiosos eran representantes de tres cultos significativos: el católico, el protestante y el judío, y el resto eran reconocidos en el mundo del periodismo, el derecho, la cultura y la ciencia. (…)
El 22 de diciembre de 1983, en el segundo piso del Centro Cultural General San Martín, la CONADEP se reunió por primera vez. La Comisión decidió, como primer paso, solicitar a la APDH toda la información, incluyendo las denuncias recibidas, que tuviese sobre las desapariciones.
El 29 de diciembre se completaron las cinco secretarías. Colombres convocó al abogado y miembro de la APDH Raúl Aragón para dirigir la de procedimientos; Tróccoli invitó a Daniel Salvador y a Leopoldo Silgueira a dirigir la de documentación y la administrativa, respectivamente, y Nino propuso a su amigo y ex socio, el abogado Alberto Mansur, como secretario de asuntos legales. Ese día, la Comisión eligió por unanimidad a Sabato como su presidente, por considerar que era la figura con mayor reconocimiento en la opinión pública.
El inicio de la labor de la CONADEP agitó las filas castrenses. (…) Los organismos de inteligencia caracterizaban a la Comisión como parte de la delincuencia subversiva y seguían de cerca sus pasos. A este clima de presiones, se añadía el llamado “show del horror”, la revelación diaria en la prensa de la exhumación de cadáveres en cementerios públicos, denuncias sobre la existencia de centros clandestinos, testimonios de secuestros, torturas y crímenes perpetrados por las Fuerzas Armadas que, según los miembros de la CONADEP, excitaban la sensibilidad ciudadana y acrecentaban su expectativa en la Comisión. Debido a ello, la Comisión decidió llamar a la población a aportar denuncias concretas. (…)
Los familiares y los sobrevivientes comenzaron a formar largas filas, en pleno verano, para efectuar la denuncia. Sus expectativas, sin embargo, eran heterogéneas. Mientras muchos sobrevivientes habían sido testigos del exterminio, la idea de la existencia de desaparecidos adultos con vida estaba extendida entre los familiares. (…) Estas expectativas evidenciaban la incredulidad pública ante los alcances del horror. (…) Ruiz Guiñazú recuerda que la Comisión esperaba encontrar desaparecidos con vida y, de hecho, organizó como una de sus primeras tareas viajes e inspecciones para dar con ellos. (…)
A fines de enero de 1984, la CONADEP tomó una decisión crucial que cambió el curso de su investigación. Colombres redactó un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo que garantizara la permanencia en el país de personas posiblemente relacionadas con las desapariciones y la sustracción de niños. (…) Las nuevas denuncias de los sobrevivientes conllevaron un cambio respecto de las existentes hasta entonces, ya que la CONADEP logró reunir cerca de 1.200 de estos testimonios frente a los 70 con los que contaban los organismos antes de crearse la Comisión, número que limitaba las pruebas sobre miles de casos de desaparición y la posibilidad de identificar a sus responsables. (…)
Este cuerpo testimonial, por su carácter heterogéneo, tuvo una importancia decisiva para ampliar las pruebas existentes, reafirmar otras o generar nuevas. A los grandes centros clandestinos conocidos que concentraron la mayoría de los desaparecidos, como la ESMA y el Club Atlético en Capital, Campo de Mayo y El Vesubio en Buenos Aires y La Perla en Córdoba, se agregaron centenares de dependencias militares, policiales y civiles de casi todo el país y se amplió el saber sobre centros clandestinos importantes, como Campo de Mayo, del cual había sólo un testimonio al formarse la CONADEP. Por último, estas declaraciones permitieron detectar el tránsito de desaparecidos entre distintos centros y probar, de esta manera, su integración en un mismo sistema.
La CONADEP optó por clasificar este vasto material testimonial por centro clandestino. (…)Esto permitía responsabilizar a quienes habían actuado en esos centros por conjuntos de casos y, a la vez, sintetizar las presentaciones. También, sirvió para detectar especificidades de determinados centros, como “Automotores Orletti”, donde fueron recluidos desaparecidos de países limítrofes; así, se pudo probar la coordinación represiva entre las dictaduras de la región. Mediante esta decisión, la Comisión invirtió de raíz, sin proponérselo, el carácter del espacio estratégico de la desaparición. El no lugar que constituyó el centro clandestino se transformó en el eje para reconstruir la materialidad de las desapariciones.
Las inspecciones de los centros clandestinos, el aumento de las denuncias recibidas, las presentaciones de la Comisión a la Justicia y las declaraciones de Sabato sobre el papel de la jerarquía católica durante la dictadura modificaron el perfil de los apoyos y las críticas a la CONADEP. Hasta allí, las críticas dominantes cuestionaron sus limitaciones de origen, la utilidad de su investigación y las relaciones de sus integrantes con la dictadura. Ahora, en cambio, vinculaban a la CONADEP con la subversión y el ánimo de venganza. (…)
El más violento de estos ataques lo formuló el almirante Mayorga, defensor de Chamorro, ex director de la ESMA, quien calificó a sus integrantes de “izquierdizantes” y “antimilitaristas” y de parcialidad “por haber sufrido en ellos o en sus parientes los avatares de esta guerra”, postuló que la CONADEP “pedía de rodillas testimonios contra los militares”, que su informe iba a ser un gran fracaso, y abogó por el olvido y la amnistía. Estas declaraciones, de manera paradójica, impulsaron a partidos que se habían opuesto a la CONADEP en el Congreso y a los organismos de derechos humanos más críticos a su formación a defenderla. (…)
“Nunca Más”. La investigación de la CONADEP en la televisión
(…) La CONADEP decidió (…) adelantar las conclusiones preliminares de su investigación mediante la emisión de un programa televisivo. Ruiz Guiñazú y Gerardo Taratuto, quien integraba el grupo de abogados de la Secretaría de Asuntos Legales y era, a la vez, dramaturgo y realizador televisivo, asumieron su preparación. Según Taratuto, su título, “Nunca Más”, fue idea de Ruiz Guiñazú.
El anuncio de su emisión provocó inquietud en el gobierno, debido al efecto que, estimaba, tendría el programa entre los militares. El 4 de julio por la mañana, Alfonsín discutió con sus colaboradores si emitirlo con el costo de irritar a los militares o prohibirlo, pese a que ya estaba anunciado, y enfrentar el escándalo público. Según Taratuto, Sabato amenazó con renunciar si el programa no salía al aire. Finalmente, Alfonsín decidió su emisión pero consiguió que Sabato accediera a incluir una introducción de Tróccoli que evitaría que se condenara sólo el terrorismo de estado.
Finalmente, el programa fue emitido el 4 de julio entre las 22 y las 23:30 horas, en el ciclo “Televisión Abierta”, conducido por el periodista Sergio Villarroel. (…) “Nunca Más” también modificó el escenario político y la legitimidad de la CONADEP. Su emisión desembocó en el reemplazo de Arguindegui, jefe del Ejército, quien no pudo impedir su emisión y se enfrentó a la decisión del gobierno de relevar a Mansilla. Los aliados de los militares, sin negar su veracidad, criticaron que el programa olvidara la violencia subversiva y exigieron un programa, también oficial, que la retratara. Al mismo tiempo, tras él, arreciaron las amenazas de muerte contra Sabato, Aragón y Fernández Meijide.
La CONADEP debía, por último, escribir un informe con una explicación detallada de los hechos investigados. La Comisión interpretó rápidamente que éste debería conjugar dos intervenciones simultáneas: expresar una condena moral contemporánea del sistema de desaparición y constituirse en un legado a futuro que ayudara a evitar su reiteración. Como expresó Sabato, el informe serviría de recordatorio a las generaciones venideras de la gran tragedia vivida en la Argentina, sería “un monumento simbólico, pequeño, porque no tiene que ser grandioso, a la barbarie y a la represión desatada para que nunca más vuelva a suceder”. (…)
Según Taratuto, Sabato le dijo que quería un informe que ofreciera una visión nacional, diera cuenta de la violación de derechos y principios fundamentales del orden político, moral y religioso —como el derecho a la vida, a la defensa y a la información—, que la gente lo pudiese leer, lo entendiera hasta un ama de casa y que, si lo leía un militar, se avergonzara y no pudiera aducir que eran patrañas. (…)
En un acto público transmitido por televisión el 20 de septiembre de 1984, Sabato entregó el informe de la CONADEP al Presidente en la casa de gobierno. Ésta sería la primera y única vez que todos los miembros de la Comisión participaron de un acto vinculado al Nunca Más. Setenta mil personas se reunieron en Plaza de Mayo, convocadas por la mayoría de los organismos, los partidos políticos —incluso aquellos opuestos a la Comisión— y grupos estudiantiles y sociales que, tras el acto, marcharon a Tribunales reclamando la jurisdicción de la Justicia Civil y pidiendo al Congreso la comisión bicameral.
Un día después, Alfonsín dispuso publicar el informe de la CONADEP por la Editorial Universitaria de Buenos Aires. La consigna del acto “Después de la verdad, ahora la justicia”, la multitud y su heterogénea composición, ilustraban la legitimidad alcanzada por la CONADEP. Sin embargo, las explicaciones sobre este éxito eran divergentes. Para uno de sus mentores, Carlos Nino, la Comisión resultó útil a la estrategia del gobierno “al atender las necesidades de las víctimas y aplacar a los grupos de derechos humanos”. Para algunos observadores, en cambio, el resumen del informe entregado a la prensa caracterizaba las desapariciones como crímenes de lesa humanidad, desestimaba la teoría de los excesos y contradecía el objetivo oficial de inculpar sólo a las cúpulas militares.
Lo cierto es que la entrega del informe puso fin a la estrategia oficial de “autodepuración” de las Fuerzas Armadas. Un día después del acto, el Consejo Supremo pidió una nueva prórroga para su labor, calificó de “inobjetables” los decretos y órdenes con los cuales las Fuerzas Armadas enfrentaron a la subversión y precisó que los comandantes sólo podían ser acusados de no haber controlado los presuntos ilícitos de sus subordinados cuyos actos debían ser investigados. Éstos constituían el cuerpo de oficiales en actividad, segmento que el gobierno pretendía excluir de la investigación judicial. Se señalaba, además, que debía investigarse si los damnificados habían cometido delitos; de este modo, se proponía examinar los actos de los desaparecidos. A raíz de ello, el fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital, Julio Strassera, pidió la avocación a la causa, por interpretar esos actos como “dilatorios” y denegatorios de justicia.
La respuesta castrense a la entrega del informe, además, incluyó una serie de actos conmemorativos en los aniversarios de ataques guerrilleros a unidades militares, ocurridos durante el gobierno peronista entre 1973 y 1976; así pretendía afirmar su tesis sobre la guerra librada, y asociar la intervención uniformada con la defensa de la democracia y su triunfo con su restauración.
Por otro lado, calificaron de falaces los testimonios reunidos por la CONADEP, consideraron que sus integrantes y su informe eran parte de la estrategia subversiva y alertaron sobre el regreso a las calles del “clima revolucionario”. Sus aliados católicos hicieron de los púlpitos tribunas de agitación política, criticaron ferozmente al gobierno y amenazaron con un nuevo golpe de estado. En paralelo, fueron robados documentos recabados por la CONADEP en Rosario y en Mar del Plata, y se incrementaron las intimidaciones y atentados contra ex miembros de la Comisión, militantes políticos y de los organismos.
Para estos últimos, el dictamen del Consejo Supremo reforzaba la necesidad de crear la comisión bicameral. Conte insistió, sin éxito, con esta propuesta en el Congreso. Sin embargo, a excepción de las Madres, los organismos de derechos humanos valoraron el informe como un documento acusador, de valor ético incalculable y vital para efectivizar la Justicia por contener un corpus de “pruebas irrefutables”. (…)
Mediante la labor de la CONADEP el estado constituyó las desapariciones en objeto de investigación. La Comisión concentró, centralizó las denuncias hasta entonces existentes y produjo nuevas pruebas; así transformó el conocimiento sobre la magnitud y la dimensión de las desapariciones en la Argentina…
La investigación de la CONADEP y su informe público fueron el resultado de la conformación de una alianza tácita entre la mayoría de los organismos de derechos humanos y la conducción del estado que se tradujo en un proceso de legitimación recíproca entre la Comisión, los organismos, los familiares y los sobrevivientes. (…)
La CONADEP les otorgó a los organismos, a los familiares y a los sobrevivientes una legitimidad pública inédita, en especial, al asignarles un rol protagónico en el programa televisivo que adelantó sus conclusiones, al darles la autoridad para decidir el destino judicial que tendrían sus testimonios y al invitarlos a proponer sus ideas sobre las recomendaciones que debería incluir su informe final. (…)
Por todo ello, mediante la investigación de la CONADEP se modeló, más allá de la conciencia del gobierno y de los organismos de derechos humanos, la elaboración de un relato y una interpretación compartida sobre estos hechos cuyas divergencias exclusivas giraban en torno a qué tipo de tribunales —civiles o militares— debían juzgar las violaciones y si debería predominar la justicia preventiva o la retributiva. Esta perspectiva supuso la articulación de la narrativa humanitaria, forjada durante la dictadura entre los denunciantes del crimen, que privilegiaba la reconstrucción fáctica de las violaciones y la presentación de los desaparecidos a partir de sus datos identitarios básicos y sus valores morales, con los marcos interpretativos que el Ejecutivo propuso para juzgar la violencia política. Estos marcos que limitaban la persecución penal a los responsables materiales de las desapariciones, postuladas como una práctica exclusiva de la dictadura, omitían el análisis de las responsabilidades de la sociedad política y civil antes y después del golpe, y evitaban historizar las causas de la violencia política. Presentes en los decretos de juzgamiento a las cúpulas guerrilleras y a las Juntas Militares, fueron asumidos con mayor intensidad por el gobierno cuando la “unión nacional” reemplazó en su agenda la confrontación con las corporaciones y con la conducción peronista encabezada por Isabel Perón, decisión que, como se expuso, tuvo consecuencias en la periodización, de corte institucional, que la CONADEP adoptó para retratar las desapariciones. La investigación de la CONADEP produjo efectos políticos y jurídicos de primer orden: elaboró un conocimiento novedoso sobre la dimensión que alcanzaron las desapariciones en la Argentina, conformó un corpus probatorio inédito para juzgar a sus responsables y desencadenó la clausura de la estrategia oficial de juzgamiento a las Juntas Militares por sus pares. Su informe, Nunca Más, expondría una nueva verdad pública sobre las desapariciones, y se conformaría en la nueva clave interpretativa y narrativa para juzgar, pensar y evocar este pasado entonces inmediato.
Fuente: www.elhistoriador.com.ar
