“Llegado, entretanto, el período en el que, de acuerdo con nuestros precedentes, debía procederse a la elección de electores de presidente y vicepresidente de la Nación, el P. E. señaló para ello, por decreto de 9 de febrero, la fecha del 2 de abril.

Es del caso… recordar los conceptos que emití acerca de la actitud de prescindencia y absoluta imparcialidad que me proponía observar en situación tan solemne para mí, en todo cuanto atañe a la lucha electoral, a la designación de los candidatos y a la responsabilidad que había asumido de mantener a toda costa la libertad cívica de mis conciudadanos.

Es para mí sumamente grato poder comunicaros en esta ocasión que esas declaraciones y promesas han sido lealmente cumplidas; y es aún más satisfactorio manifestaros que así lo ha reconocido la opinión pública entre nosotros y la de otros países, de modo que la elección del día 2 de abril (de 1916) queda señalada por el consenso de propios y extraños como histórico en los anales de la República; pero no debo ocultaros que para llegar a ese resultado ha debido ponerse a prueba la más firme decisión.

Las tradiciones del país habían dejado como un hábito en las tendencias y costumbres públicas, cierta injerencia de la acción oficial en la dirección de la política electoral; y, siguiendo ese precedente, ha mediado una viva insistencia de parte de los que se ocupan en combinaciones de candidaturas y evoluciones comiciales, para hacer llegar hasta mí las obstinadas exigencias de orientación política, sin duda con el fin de columbrar los rumbos que debían seguir en tan importante emergencia.

(…)

Las leyes electorales son los instrumentos culminantes que reglamentan el ejercicio de los derechos cívicos… Pero, también es un hecho atestiguado por la experiencia con ejemplos vivos e irrefutables que, cuando las autoridades no se colocan dentro de los necesarios límites de imparcialidad e independencia, esas leyes pueden y suelen ser letra muerta…

Sin necesidad de recurrir a otros ejemplos, bastará recordar lo que en otros tiempos acaecía entre nosotros, y no me parece aventurado afirmar que durante nuestra era constitucional, no obstante el empeño de los gobiernos que se han sucedido, la constante intervención de los Congresos, la de los estadistas y personajes conspicuos en la política del país, no pudo ampararse eficazmente el sufragio para conseguir las elecciones de verdad que honestamente se buscaban; y ante el análisis severo de los hechos está reconocido que si bien la ley es el instrumento para las elecciones, no es ella misma la que hace las elecciones, tal como pasa con todas las demás leyes que rigen los actos humanos, que pueden ser muy buenas en su letra, pero ineficaces en sus efectos si no se las aplica con rectitud.

Habría, pues, que convenir en que el mérito de la elección que a todos regocija con sobrado motivo, por ser la más libre, numerosa y satisfactoria que ha podido desearse, se debe tanto al pueblo sufragante que ha sabido conducirse con cultura y patriótico civismo, como a todas las autoridades nacionales y provinciales que han dirigido y rodeado de garantías aquel acto memorable.”.