btnEste artículo pertenece al período: República liberal (1880-1916)
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Roque Sáenz Peña: “Quiera el pueblo votar”
El 10 de febrero de 1912, se sancionó en el país la Ley Nº 8.871, conocida como Ley Sáenz Peña, que estableció el sufragio universal, secreto y obligatorio y el sistema de lista incompleta. A continuación incluimos un  fragmento del libro que constituye un breve recorrido de los caminos que condujeron a la sanción de la ley, su implicancia política y social, y las prácticas electorales vigentes en diversos momentos de la historia del país antes de la entrada en vigor de la nueva legislación.
Fuente: Adaptación de Los mitos de la historia argentina III, de Felipe Pigna, Editorial Planeta, 2006.

A partir de 1900 se produce en nuestro país una notable división en los sectores dominantes entre quienes apoyaban al presidente Julio Argentino Roca y su política intransigente de mantener el fraude electoral, y los sectores de la elite más inteligentes, probablemente influidos por cierta vocación democrática. Actuaban sobre todo en defensa propia, a la vista de los hechos ocurridos en el país (revoluciones radicales, atentados anarquistas, crecimiento del movimiento obrero) y en Europa (rebeliones obreras en España, Italia y Rusia), y prestaban atención al proceso político europeo, donde las burguesías estaban aprendiendo a la fuerza que les convenía trocar el absolutismo y el autoritarismo por un régimen democrático de participación ampliada. Una de las mayores preocupaciones de esa elite era quitar la protesta de las calles y en la medida de lo posible volcarla en el parlamento y en el sistema político. Para ello se hacía necesario dar cabida al principal partido opositor, el radicalismo, pero también al moderado Partido Socialista. De esa manera se fracturaría al movimiento obrero y se debilitaría al gran enemigo que la oligarquía en el poder visualizaba como el más peligroso: el anarquismo.

¿Cómo se votaba antes de la Ley Sáenz Peña?
La primera ley electoral argentina fue sancionada en 1821 en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Martín Rodríguez, por el impulso de su ministro de gobierno, Bernardino Rivadavia. Esta ley establecía el sufragio universal masculino y voluntario para todos los hombres libres de la provincia y limitaba exclusivamente la posibilidad de ser electo para cualquier cargo a quienes fueran propietarios. A pesar de su amplitud, esta ley tuvo en la práctica un alcance limitado, porque la mayoría de la población de la campaña ni siquiera se enteraba de que se desarrollaban comicios. Así, en las primeras elecciones efectuadas con esta ley, sobre una población de 60.000 personas apenas trescientas emitieron su voto.

La Constitución Nacional de 1853 dejó un importante vacío jurídico en lo referente al sistema electoral, que fue parcialmente cubierto por la ley 140 de 1857. El voto era masculino y cantado, y el país se dividía en 15 distritos electorales en los que cada votante lo hacía por una lista completa, es decir que contenía los candidatos para todos los cargos. La lista más votada obtenía todas las bancas o puestos ejecutivos en disputa y la oposición se quedaba prácticamente sin representación política.

La emisión del voto de viva voz podía provocarle graves inconvenientes al votante: desde la pérdida de su empleo hasta la propia vida, si su voto no coincidía con el del caudillo que dominaba su circuito electoral. Sin dudas, rigió por aquellos años (1857-1912) un fraude que resultaba escandaloso en algunos casos, como lo cuenta Sarmiento en una carta a su amigo Oro, refiriéndose a las elecciones de 1857:

“Nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror que, empleados hábilmente han dado este resultado admirable e inesperado. Establecimos en varios puntos depósitos de armas y encarcelamos como unos veinte extranjeros complicados en una supuesta conspiración; algunas bandas de soldados armados recorrían de noche las calles de la ciudad, acuchillando y persiguiendo a los mazorqueros; en fin: fue tal el terror que sembramos entre toda esta gente con estos y otros medios, que el día 29 triunfamos sin oposición”.1

Los días de elecciones los gobernantes de turno hacían valer las libretas de los muertos, compraban votos, quemaban urnas y falsificaban padrones. Así demostraba la clase dominante su desprecio por la democracia real y su concepción de que ellos eran los únicos con derecho a gobernar un país al que consideraban una propiedad privada, una extensión de sus estancias.

Todas estas prácticas que marginaban a los sectores mayoritarios de la población de la vida política eran la perfecta contraparte del sistema de exclusión económica derivado del modelo agroexportador en el que el poder y la riqueza generados por la mayoría eran apropiados por la minoría gobernante. Puede decirse que todos los gobernantes de lo que la historia oficial llama “presidencias históricas”, es decir, las de Mitre, Sarmiento y Avellaneda; y las subsiguientes hasta 1916, son ilegítimas de origen, porque todos los presidentes de aquel período llegaron al gobierno gracias al más crudo fraude electoral.
En el mundo occidental, tras décadas de luchas de los sectores populares por sus derechos electorales y sociales, hacia fines del siglo XIX las burguesías gobernantes fueron cambiando las prácticas electorales desde el voto restrictivo hacia el voto secreto y universal, prenunciando una era política diferente: la de la democracia de masas. Las burguesías comprendieron que la exclusión del pueblo tenía grandes desventajas, y la ampliación del sistema electoral, si se hacía con los controles del caso, no afectaba el desarrollo y supervivencia del sistema, sino que, por el contrario, lo legitimaba y legalizaba. Además, la participación de amplios sectores de la población en la elección de las autoridades socializaba unas responsabilidades políticas que evidentemente hasta entonces estaban muy limitadas a la clase dirigente, sin la más mínima incidencia de los sectores marginados de las decisiones y el poder. La peor elección era preferible a cualquier revolución.

Hacia 1900 nuevos partidos, como la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista, atraían en nuestro país a los sectores sociales que no estaban representados en las instituciones políticas del Estado, controladas por la clase gobernante conservadora y liberal.

Un sector del grupo gobernante comenzó a considerar que la prosperidad alcanzada podía peligrar de no atenderse los reclamos de la oposición. Se mostraban dispuestos a considerar la introducción de reformas graduales en el sistema electoral con el fin de evitar conflictos sociales.

El primer paso en ese sentido se da con la reforma “uninominal” en el sistema de elección de diputados. Cada ciudadano votaba por un solo candidato y no por una lista. El ministro Joaquín V. González había propuesto el voto secreto, pero el senador por la Capital Federal, Carlos Pellegrini, se opuso en el Congreso Nacional, afirmando que el voto secreto era para los hombres conscientes, no para las masas que votaban según simpatías y no según ideas.

El Partido Socialista de J. B. Justo, que desde su creación en el año 1896 siempre participó de las elecciones, logró gracias a este nuevo sistema que en el año 1904 fuera electo el primer diputado socialista de América, Alfredo Palacios.

Pero el nuevo sistema duró poco. En 1905, con el presidente Manuel Quintana, se volvió a la lista completa, en la que cada elector, en su circunscripción, votaba por todos los candidatos de su distrito. Dos meses después de esto se suprimió el voto de viva voz, que no fue secreto, pero sí escrito. El elector debía entregar a la mesa electoral, en un papel escrito y doblado, los nombres de la totalidad de los candidatos por los que votaba. Obviamente esto limitaba el voto a los alfabetos, una franca minoría por aquel entonces.

Quiera el pueblo votar
El 12 de junio de 1910, el Colegio Electoral consagró la fórmula Roque Sáenz Peña - Victorino de la Plaza. El presidente electo se encontraba en Europa y emprendió enseguida el viaje de regreso a su país. A poco de llegar concertó dos entrevistas claves: una con el presidente Figueroa Alcorta y la otra con el jefe de la oposición, Hipólito Yrigoyen. En la entrevista con el caudillo radical, concertada en la casa del diputado Manuel Paz el 2 de octubre de 1910, Yrigoyen se comprometió a abandonar la vía revolucionaria para tomar el poder, y Sáenz Peña a la sanción de la tan deseada ley electoral. Yrigoyen le pidió al presidente electo que interviniera todas las provincias para evitar los manejos de los gobernadores adictos en las siguientes elecciones. Sáenz Peña se negó a emplear este método y le ofreció a Yrigoyen la participación del radicalismo en el gobierno.

Este es el relato de Yrigoyen sobre el histórico encuentro:

 “Ante nuevas insistencias que hiciera asentí a que conversáramos, y al ofrecerme participación en el gobierno sin restricción alguna, a los efectos de que pudiera realizar todos los bienes que me proponía para la Nación, pedíle que apartara de su pensamiento esta suposición al respecto, porque eran insalvables mis determinaciones. Agregándole que lo único que la UCR reclamaba eran comicios honorables garantidos, sobre la base de la reforma electoral. El doctor Sáenz Peña, no había pensado en esa forma de inmediato, sino en la concurrencia de la UCR a la labor de gobierno que iba a presidir; pero planteada la cuestión como indispensable, para que esta fuerza poderosa saliera de la animada abstención y protesta en que estaba colocada, convino en ello. Y dándome cuenta de que deseaba hacer públicos sus ofrecimientos, le insinué que los concretara por escrito si le parecía bien, para llevarlos a las altas direcciones de la Unión Cívica Radical, lo que hizo, condensándolo en la forma siguiente, más o menos: ‘Que deseando demostrar la decisión que lo animaba para dar garantías públicas, le ofrecía a la Unión Cívica Radical participación en los ministerios, e intervención en la reforma electoral que debía llevarse a cabo’. La alta dirección contestó sin discrepancia alguna, rehusando participación en el gobierno, por ser contrario a sus reglas de conducta, y aceptando la intervención que se le ofrecía en la reforma electoral”.2

De todas maneras la entrevista fue un éxito, porque Sáenz Peña logró su objetivo: el compromiso de la participación electoral del radicalismo en unas futuras elecciones, con una nueva ley electoral que garantizara la limpieza y libertad de sufragio.

El 12 de octubre asumió el nuevo gobierno, y Sáenz Peña cumplió con su palabra enviando al parlamento el proyecto de Ley de Sufragio, que había elaborado con la estrecha colaboración de su ministro del Interior, Indalecio Gómez. Establecía la confección de un nuevo padrón basado en los listados de enrolamiento militar, y el voto secreto y obligatorio para todos los ciudadanos varones mayores de 18 años.

Estos son algunos de los artículos más importantes de la ley 8.871, conocida como Ley Sáenz Peña:

“Art. 1. Son electores nacionales los ciudadanos nativos y los naturalizados desde los diez y ocho años cumplidos de edad.
Art. 2. Están excluidos los dementes declarados en juicio. Por razón de su estado y condición: los eclesiásticos y regulares, los soldados, cabos y sargentos del ejército permanente, los detenidos por juez competente mientras no recuperen su libertad, los dementes y mendigos, mientras estén recluidos en asilos públicos. Por razón de su indignidad: los reincidentes condenados por delito contra la propiedad, durante cinco años después de la sentencia.
Art. 5. El sufragio es individual, y ninguna autoridad, ni persona, ni corporación, ni partido o agrupación política puede obligar al elector a votar en grupos
Art. 7. Quedan exentos de esta obligación (de votar) los electores mayores de 70 años.
Art. 39. Si la identidad (del elector) no es impugnada, el presidente del comicio entregará al elector un sobre abierto y vacío, firmado en el acto por él de su puño y letra, y lo invitará a pasar a una habitación contigua a encerrar su voto en dicho sobre.
Art. 41. La habitación donde los electores pasan a encerrar su boleta en el sobre no puede tener más que una puerta utilizable, no debe tener ventanas y estará iluminada artificialmente en caso necesario...”

La ley significaba un gran avance, aunque no eran pocos los excluidos por ella. Las mujeres (casi la mitad del padrón), los extranjeros, los habitantes de los territorios nacionales, los habitantes de municipios con pocas personas, que no podían elegir autoridades municipales, y quienes en los municipios en los que se podía elegir sólo podían votar como sus autoridades locales a los propietarios contribuyentes. Por otra parte, en las grandes ciudades, como señala Waldo Ansaldi3, los extranjeros, que en algunos casos constituían más de la mitad de la población, servían a la hora de contabilizar a los pobladores para aumentar la cantidad de diputados por su distrito —a más habitantes más diputados—, y a la vez, al estar excluidos del voto, disminuían proporcionalmente la cantidad de votantes necesarios para elegir a aquellos diputados.

El presidente presentó el proyecto con estas palabras:

He dicho a mi país todo mi pensamiento, mis convicciones y mis esperanzas. Quiera mi país escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario, quiera el pueblo votar”. 4

Poco después ambas Cámaras aprobaban la que empezaría a conocerse como la Ley Sáenz Peña.

El diputado Juan B. Justo señaló claramente cuáles eran las intenciones del sector más “progresista” de la elite con la sanción de la ley electoral:

“…si se asiste a una nueva era política en el país, es precisamente porque han aparecido fuerzas sociales nuevas, materiales, y no porque hayan aparecido virtudes nuevas; es porque hay una nueva clase social, numerosa y pujante, que se impone a la atención de los poderes públicos, y porque es más cómodo hacer una nueva ley de elecciones que reprimir una huelga general cada seis meses”.5

El fin del fraude significó un notable avance hacia la democracia en la Argentina y la posibilidad de expresión de las fuerzas políticas opositoras que habían sido marginadas del sistema por los gobiernos conservadores.

En las primeras elecciones libres llevadas adelante en la Argentina, en el mismo año 1912, la bancada socialista creció notablemente y se sucedieron los triunfos radicales en Entre Ríos y Santa Fe. Aumentó notablemente la participación electoral, que para 1914 llegó al 62,85 % del padrón total, mientras que en las últimas elecciones anteriores a la Ley Sáenz Peña apenas había llegado al 5 por ciento.

La salud del presidente comenzó a deteriorarse a comienzos de 1913. Una y otra vez debió solicitar licencia, y en octubre de ese año delegó el mando en Victorino de la Plaza. Falleció en Buenos Aires en la madrugada del 9 de agosto de 1914, mientras en Europa estallaba la Primera Guerra Mundial. La ley por la que había luchado siguió vigente y amplió decididamente la participación política de los nuevos sectores sociales argentinos.

Según los deseos de la oligarquía más lúcida encarnada por Sáenz Peña, integró al sistema al radicalismo y al socialismo, bajando parcialmente la conflictividad política pero no la social, que a tono con la injusticia reinante seguirá expresándose a través de los gremios y de sus armas de lucha habituales: la huelga y la protesta social. Como señala el historiador francés Alain Rouquié:

“Se está lejos del suicidio político de la oligarquía. Soltaba lastre, por cierto, pero solamente a nivel político, para acrecentar su poderío social. Le confiaba al radicalismo la misión de vehiculizar la ideología dominante en los grupos sociales marginales. […] El radicalismo, sin proyecto económico de recambio, sólo se proponía ‘democratizar’ la prosperidad resultante del sistema agroexportador. No amenazaba pues a los detentadores del poder económico —salvo en algunos aspectos secundarios—, ni al equilibrio social que muy por el contrario reforzaba”.11

En definitiva, con la Ley Sáenz Peña la oligarquía en el poder había dado un paso hacia su consolidación y legitimación. Nadie podía seguir argumentando que aquel régimen político, base de sustentación del poder real, era fraudulento y carente de legalidad: a partir de ese momento las responsabilidades de la administración y sostenimiento del sistema serían compartidas, aunque, claro, y esto está fuera de discusión, el poder real seguiría en las mismas manos de siempre.

Referencias:

1 D. F. Sarmiento, “Carta a Domingo de Oro”, 17 de junio de 1857, en Peña, Milcíades, La era de Mitre, Buenos Aires, Fichas, 1973

2 Memorial presentado en su defensa por Hipólito Yrigoyen ante la Corte Suprema
de Justicia, firmado en la isla Martín García, lugar de su detención, el 24 de agosto
de 1931, en Gabriel Del Mazo, El pensamiento escrito de Yrigoyen, Buenos Aires,
Del Jurista, 1983.

3 Waldo Ansaldi, Representaciones inconclusas, Buenos Aires, Biblos, 1995.

4 Miguel Ángel Cárcano, Sáenz Peña, la revolución por los comicios, Buenos Aires,
Eudeba, 1972.

5 Natalio Botana, El orden conservador, Buenos Aires, Sudamericana, 1977.

Fuente: www.elhistoriador.com.ar
 

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