Una guerra infame. La verdadera historia de la Conquista del Desierto, por Andrés Bonatti y Javier Valdez

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Los primitivos dueños de la tierra venían resistiendo la conquista del hombre blanco desde la llegada de Solís, en 1516. Don Pedro de Mendoza debió abandonar Buenos Aires en 1536 por la hostilidad de los pampas. Sólo a partir de la creación del virreinato y la consecuente presencia de un poder político y militar fuerte, fue posible establecer una línea de fronteras con el “indio” medianamente alejada de los centros urbanos.

Esta línea de fronteras fue extendida a lo largo del siglo XIX, desde la instalación del primer gobierno patrio hasta la ofensiva final que desde 1878 llevó a cabo el ministro de Guerra, Julio Argentino Roca, en su tristemente célebre “Conquista del Desierto”, un eufemismo para hablar de la brutal matanza de numerosas comunidades indígenas y la apropiación de los territorios que ocupaban.

En el libro Una guerra infame. La verdadera historia de la Conquista del Desierto, Andrés Bonatti y Javier Valdez analizan esta guerra desigual contra los pueblos originarios desde múltiples dimensiones, abordando la mentalidad predominante entre los miembros de la Generación del ’80, quienes, en su afán de progreso material, llevaron adelante un etnocidio en nombre de la civilización.

Los autores analizan en los distintos capítulos del libro la resistencia de los últimos caciques tanto en la región pampeana, como en el Chaco y en la Patagonia. Así podemos ver las luchas de emblemáticos líderes indígenas como Catriel, Calfucurá, Namuncurá, Baigorrita, Pincén, Purrán, Reuquecurá y Sayhueque.

La investigación también se ocupa del destino del botín, millones de hectáreas apropiadas por el Estado nacional, muchas de ellas vendidas a precios irrisorios entre las familias de la elite cercanas al poder, y de los miles de indígenas que lograron sobrevivir, encerrados en prisiones en diversos puntos del país o separados de sus familias y enviados lejos de sus tierras a trabajar como mano de obra barata en obrajes, yerbatales, ingenios, etc.

A continuación transcribimos un capítulo del libro dedicado a este último aspecto poco transitado por la historiografía argentina, es decir, la incorporación al modelo capitalista de mano de obra indígena en condiciones de explotación vergonzosa. Así los autores dan cuenta de las condiciones en las que los habitantes originarios que sobrevivieron a la denominada “Campaña del Desierto” fueron obligados a trabajar en las diversas industrias. Por ejemplo, “el esquema que empresarios y Estado, en forma conjunta, habían diseñado en los obrajes del Norte argentino disponía de cada uno de los aspectos de la vida de los indígenas. Todo estaba calculado, hasta la muerte. Por la exigencia del trabajo, las malas condiciones climáticas y las epidemias de enfermedades, la expectativa de vida de los trabajadores forestales no superaba los cuarenta años”.

Fuente: Andrés Bonatti y Javier Valdez, Una guerra infame. La verdadera historia de la Conquista del Desierto, Buenos Aires, Edhasa, 2015, págs. 139-150.

Capitalismo y mano de obra indígena


“El indígena es un elemento inapreciable para ciertas industrias, porque está aclimatado y supone la mano de obra barata, en condiciones de difícil competencia.”
Mensaje del presidente de la nación, Roque Sáenz Peña, D.S.C.S., 7 de junio de 1912

El confinamiento sufrido por los derrotados en las campañas militares de Julio A. Roca es uno de los aspectos menos explorados por la historiografía argentina. En general, cuando se habla de la Conquista del Desierto, se alude principalmente a la ocupación militar, es decir, a las expediciones que a partir de 1879 ocuparon por la fuerza los territorios habitados por decenas de comunidades originarias, pero no se profundiza sobre lo que ocurrió inmediatamente después con los indígenas que sobrevivieron y fueron trasladados a los diferentes sitios que el Estado argentino tenía re­servados para ellos. Cárceles que funcionaban como verdaderos campos de concentración, ingenios, obrajes, yerbatales, algodonales y otras industrias que basaban su productividad en la explotación de mano de obra indígena, casas de familia que fomentaban el servilismo y cuarteles donde imperaba la crueldad… todos estos fueron los destinos principales de los miles de perdedores de esta desigual contienda. El gobierno no era partidario de crear reservas donde afincar a los vencidos, como habían hecho los Estados Uni­dos tras su guerra contra los pueblos nativos, porque temía que pudieran reorganizarse y se produjeran sublevaciones. Eduardo Pico, militar que participó de las campañas y luego fue gobernador del territorio nacional de La Pampa Central (actual provincia de La Pampa), escribió en sus memo­rias una síntesis de la idea imperante entre los funcionarios de la época: “Conceder tierras para tal fin (en referencia a las reservas indígenas) sería retrogradar a la época en que el cacicazgo sustraía a la población indígena al contacto con la gente civilizada. Las tribus no pueden, no deben existir, dentro del orden nacional”. Lo que se hizo, entonces, fue diseminarlos por pequeños grupos, en establecimientos rurales de las provincias del interior o en reducciones, creados para este fin específico, donde vivían totalmente alejados de la autoridad de sus caciques. Destruyeron sus economías, se los obligó a trabajar en un marco de tipo capitalista, y se les impusieron cos­tumbres cristianas y el abandono de las propias, como por ejemplo su len­gua natural, que era considerada un instrumento inútil. Se los apresaba e incluso se los separaba de sus familias: padres de hijos, hermanos de hermanas, esposos de esposas. Se los aislaba, tal vez para siempre. El religioso José Birot, que cumplía actividades en el presidio de la isla Martín García, señaló en una carta que “el indio siente muchísimo cuando separan la familia, porque en la pampa todos los sentimientos del corazón están centrados en la vida de la familia. Cada vez que los han se­parado, ha habido quejas amargas”.

Los innumerables testimonios recogidos durante aquellos años, tanto entre los vencedores como entre los vencidos, evidencian una realidad in­contrastable: luego de la expugnación militar, el Estado argentino concretó un proceso de conquista cultural sobre las comunidades sometidas, cuyo objetivo primordial fue hacer desaparecer su modo de vida, sus creencias, sus raíces y sus tradiciones. En el pensamiento de las autoridades, los vesti­gios de las sociedades indígenas ancestrales debían incorporarse, en forma voluntaria o por la fuerza, a la dinámica y a las costumbres de la vida civi­lizada. Desde el punto de vista teórico, lo que hizo el Estado argentino con los pueblos originarios fue un etnocidio: no sólo aniquiló los cuerpos de toda una sociedad, sino que también mató su espíritu.

Ingenios de la muerte

Durante los años de la Conquista del Desierto la industria azucarera atra­vesaba momentos de gran prosperidad y, como consecuencia de ello, la incorporación de mano de obra barata para la zafra era una necesidad cada vez más acuciante. Los ingenios del Norte argentino se convirtieron en un destino frecuente para los indígenas tomados prisioneros en las campañas militares. Miles de mapuches, tobas, pilagás, mocovíes, entre muchas otras etnias, desembarcaron en estas fincas para trabajar como zafreros, en con­diciones de explotación vergonzosas, a merced del abuso de los empresa­rios y la complicidad estatal. El propio Julio A. Roca, tucumano de naci­miento y de estrecha relación con los más poderosos productores azucareros del Norte del país, impulsó el envío de ranqueles a establecimientos rurales de Tucumán, porque creía oportuno sustituir en esa actividad a los mata­cos, a los que consideraba “indios holgazanes y estúpidos”. En noviembre de 1878, en carta dirigida al gobernador de la provincia, Domingo Martí­nez Muñecas, Roca pidió que se tomaran las medidas necesarias para reci­bir indígenas y “distribuirlos especialmente en los ingenios, con buen tra­tamiento y mejor salario posible, colocándolos bajo la intervención del defensor de pobres y menores, a fin de evitar la explotación por parte de los patrones”. Los hechos posteriores demostraron que las palabras del jefe militar eran, como mínimo, falaces. Los contingentes de pampas y ranque­les que arribaron a Tucumán en enero de 1879 sufrieron desde el primer día el abuso y la explotación. El contrato que les obligaban a firmar preveía un salario anual paupérrimo del que, además, sólo recibirían una pequeña parte una vez por mes para satisfacer sus necesidades más inmediatas. El resto era conservado por el patrón con el objetivo de “evitar que los indios gasten sus jornales en borracheras y otros vicios”. Estas prácticas eran, se­gún el gobernador, “medidas excepcionales debido a que los indios no comprendían la justicia, ni el derecho al trabajo y propiedad e ignoraban el valor real de los objetos y la moneda”. Luego de que se produjera una con­troversia en el ingenio, el gobierno provincial encomendó a dos agentes, de nombres Barrenechea y Del Corro, una investigación para determinar po­sibles abusos de los patrones.

El resultado de la pesquisa que presentaron los dos funcionarios es un testimonio muy valioso que revela pormenores sobre el funcionamiento del sistema de explotación contra el indígena: “Con sentimiento tenemos que comunicar a S.S. que, según los informes recibidos y las averiguaciones practicadas, no se ha cum­plido en todas las partes el contrato celebrado. Así que llegamos al lugar designado, fueron conducidos a nuestra presencia tres in­dias, vestidas con el traje que usan en sus toldos. Preguntadas dónde estaban sus compañeras, contestaron que dos estaban enfermas, recién convalecientes de la viruela, agre­gando que dos de los indios que han quedado, de los que no han fugado, habían salido en ese momento a bañarse. A las tres indias que se hallaban presentes, les hicimos las preguntas necesarias por medio de nuestro intérprete, a fin de saber cómo eran tratadas. A la primera pregunta prorrumpieron en largo y continuado llanto, y llorando contestaron todas las demás. Dijeron que su patrón era bueno pero no así su capataz. Que éste las castigaba, mostrándonos una de ellas, la más anciana, las cicatrices de heridas producidas por el látigo en el brazo y la cara. Que sólo le daban de comer una vez al día y su comida con­sistía en maíz con carne, y los más de los días, en maíz solamente. Que muchas de sus compañeras enfermas de viruela murieron porque no podían comer esa comida. Que esto y por los castigos recibidos habían sido la causa de la fuga de los demás indios. El Sr. Colombres (dueño del ingenio) a su vez afirmó ‘que no era cierto lo que decían las indias, que les daba de comer. Que sólo eran castigados, como los demás peones, cuando no cum­plían con su deber. Que es verdad que han muerto 13 hombres y mujeres, pero todos de viruela, a excepción de una mujer anciana que murió de vejez’. Las indias dijeron que no, que habían muerto por los castigos reiterados”.

No existen datos precisos sobre la cantidad de prisioneros mapuches trasla­dados. De acuerdo con un informe presentado por Roca ante el Congreso nacional al finalizar la campaña militar de 1879, unos seiscientos mapuches fueron enviados al norte del país para trabajar en la zafra de Tucumán. Algu­nos investigadores, sin embargo, afirman que fueron muchísimos más.

Lo que sí se sabe con más certeza es que, en su gran mayoría, murieron como consecuencia de las enfermedades y del rigor que implicaba el traba­jo en la cosecha, o escaparon rumbo al desierto, para terminar luego como empleados del servicio doméstico o directamente para convertirse en mar­ginados de la sociedad.

Muchos años después, el diario La Razón publicó: “Para 1885, casi nin­gún indígena llegado desde la pampa quedaba en los campos tucumanos. Fueron, como queda visto, entregados a la voluntad caprichosa del amo, hasta que aniquiladas sus fuerzas, sucumbieron embrutecidos por el alco­hol, debilitados por el hambre y quebrados por los castigos. Los más in­defensos, aquellos que hasta la muerte liberadora les estaba vedada, que­daron desperdigados, prestando servicio doméstico”.

Explotación empresaria, con anuencia estatal

La opresión contra los pueblos indígenas del Norte tuvo características simi­lares a la sufrida por sus hermanos pampeanos. Luego de que los ejércitos ocuparan sus tierras, miles de hombres y mujeres tobas, wichís, pilagás, mo­covíes, vilelas, entre otros, fueron trasladados a las reducciones que el Estado había preparado para recibirlos. Una vez instalados allí, se los obligó a traba­jar en los ingenios. La desdicha para los indígenas comenzaba desde el mo­mento en que partían hacia las fincas, ubicadas a varios kilómetros de distan­cia, porque debían realizar todo ese trayecto a pie, bajo el impiadoso sol norteño, apenas alimentados con las míseras raciones que les entregaban sus nuevos patrones. De la marcha, que duraba días, a veces semanas, participa­ban tanto hombres como mujeres y niños. Gran cantidad de ellos perecían en el camino, deteriorados por la rigurosidad del clima, la falta de agua y comida o por enfermedades como la viruela, el cólera y el paludismo.

Los que llegaban a destino debían construirse sus propias chozas, con ra­mas y hojas de caña, en las cercanías de la zona de zafra, porque en el con­trato de trabajo que firmaban no estaba incluida la vivienda. Quedaban, entonces, expuestos al frío y las precipitaciones, y no recibían ningún tipo de asistencia de médicos o enfermeros, salvo en los casos de las enfermeda­des más críticas. El índice de mortalidad era altísimo. De acuerdo con los testimonios recogidos en diferentes relevamientos, se estima que cerca de la mitad de los indígenas del Norte reducidos en los ingenios murieron en los campamentos.

La vida en los ingenios era muy rigurosa: la actividad duraba entre ocho y diez meses, por lo cual mucha gente vivía la mayor parte del año lejos de sus casas. Por lo general, el trabajo comenzaba a las tres o cuatro de la mañana. Los hombres tenían como principal tarea realizar los desmon­tes, cavar zanjas para abrir canales y plantar la caña. Las mujeres eran res­ponsables de los desbroces, de machetear las malezas y también de plantar caña. En algunos ingenios ocurría que si los indígenas no completaban la labor prevista por los patrones, se les descontaba una parte del salario o directamente no se les pagaba.

En el razonamiento de los empresarios azucareros primaba el interés comercial por sobre el bienestar de los trabajadores. La clave del progreso era producir cada vez más, al menor costo posible. La mano de obra indígena garantizaba justamente esa condición: brazos baratos, que eran exigidos al máximo de sus posibilidades. Los primeros ingenios se desarrollaron en la provincia de Jujuy, para luego extenderse a su vecina Salta y a Tucumán, siempre al amparo del Estado nacional y sus instituciones. San Isidro, Ledes­ma y La Esperanza fueron los más representativos de esa primera etapa; luego se sumarían otros, como El Tabacal, que incorporaron la misma lógica.

Es valioso el aporte de Juan Bialet-Massé, médico y abogado español residente en la Argentina a partir de 1873, que recibió como encargo del gobierno nacional la realización de un informe sobre el estado de las clases obreras argentinas, materializado en el libro Informe Bialet-Massé, editado en 1904. Su testimonio convalida la existencia de un sistema de explota­ción del indígena con apoyo estatal: “El indio es desconfiado. Tiene razón de serlo. Son tan raros los casos en que se le cumplen los contratos y las promesas, que solo tiene fe en el contrato escrito, y lo pide como una garantía. ‘Cons­te por el presente que el cacique se compromete a trabajar con su gente en este ingenio, durante la cosecha del presente año, reci­biendo adelantado mercaderías y dinero.’ Ingenio, fecha. Sello del ingenio. Firma social del ingenio. Debían al fin del trabajo, entregársele diez caballos, cinco yeguas y mercaderías, si la tribu trabajaba toda la cosecha. Tres días antes de acabar, un capataz le da latigazos a dos indios. Gritan, se sublevan. El indio ha perdido lo que decía el contrato. Los infortunios para los indígenas y sus descendientes durarían muchísi­mos años. Los principales ingenios de las provincias del Norte, como El Tabacal o Ledesma, mantuvieron su sistema basado en la explotación del trabajador hasta bien entrado el siglo XX, hacia la década de los treinta, cuando se formaron los primeros sindicatos”.

Obrajes y otras industrias

La industria maderera en la Argentina se desarrolló en forma simultá­nea a las campañas militares, entre 1878 y 1879. El 18 de abril de 1879, el presidente Nicolás Avellaneda expidió el decreto número 1054, que prohibía el corte de madera sin permiso previo del gobierno nacional y autorizaba las actividades forestales únicamente entre mayo y septiembre. Como ocurrió en muchas otras oportunidades, las medi­das oficiales no se cumplieron ni tampoco el Estado se esforzó en ha­cerlas cumplir. En las regiones donde abundaban los bosques nativos, como las provincias de Chaco y Formosa, florecieron decenas de obra­jes administrados por patrones inescrupulosos que propiciaban una tala indiscriminada gracias a la mano de obra accesible y barata que representaban los indígenas.

El ritmo de trabajo en esta industria era riguroso y muchas veces inhu­mano, rodeado de peligros e incomodidades. Una vez seleccionados, los indígenas eran separados en grupos, según la tarea que debían ejecutar, siempre al mando de un capataz. Por un lado estaban los picadores, que eran quienes tenían a su cargo la tarea primaria de tumbar los árboles provistos de hachas. No era una faena sencilla: los ejemplares buscados eran los más voluminosos, requeridos principalmente para la fabricación de vi­gas y para la extracción de tanino curtiente, esta última una actividad que estaba en pleno auge. Por su parte, los labradores tenían bajo su responsa­bilidad el trozado y labrado de la madera. Finalmente estaban los carreros, quienes debían cargar los árboles cortados hasta los carros que, arrastrados por dos yuntas de bueyes, trasladarían la madera hacia la zona de acopio. Los hombres trabajaban de lunes a sábados, de sol a sol, con una única interrupción al mediodía para un magro almuerzo habitualmente com­puesto por maíz cocido con charque.

El esquema que empresarios y Estado, en forma conjunta, habían diseñado en los obrajes del Norte argentino disponía de cada uno de los aspectos de la vida de los indígenas. Todo estaba calculado, hasta la muerte. Por la exigencia del trabajo, las malas condiciones climáticas y las epidemias de enfermedades, la expectativa de vida de los trabajadores forestales no supe­raba los cuarenta años.

El escritor chaqueño Juan Ramón Lestani, que tuvo una destacada par­ticipación política en la provincia unos años después de la Conquista, legó un estremecedor testimonio sobre la vida de los indígenas en los obrajes: “Si alguna vez se ha hablado de las condiciones miserables del traba­jo humano, hay que poner en primera plana lo que ocurre en los obrajes del Chaco. La inhumanidad del trato es indescriptible: tra­bajadores como bestias ambulan por las selvas en medio de los constantes peligros naturales, viviendo al abrigo de los árboles, sin vestimenta casi, alimentándose algunas veces con carne que se pro­veen en la Administración de la empresa, donde se faenan todos los bueyes flacos desahuciados para el trabajo, pues cuando se trata de carne gorda, tiene mejor mercado en la población más cercana”.

El vale y la proveeduría eran dos de los instrumentos más habituales de explotación a los indígenas conchabados en los obrajes chaqueños. En ge­neral los salarios se les pagaban en vales o notas de crédito, canjeables en la proveeduría del propio predio. Terminado el mes, podían trocar por dinero los vales sobrantes. Solía ocurrir que quienes manejaban la provisión de mercaderías les aumentaban el costo de los productos de primera necesi­dad, hasta casi duplicarlos, o los engañaban por medio de la adulteración del peso de las mercancías ofrecidas. Unos pocos se rebelaban y lograban escapar hacia el monte en busca de una mejor vida, que jamás encontra­rían. La mayoría, en cambio, se resignaba al destino desgraciado que les había tocado en suerte.

The Forestal Land, Timber and Railways Company Limited, más co­nocida en nuestro país como La Forestal, creada hacia fines del siglo XIX, fue un símbolo de la explotación en los obrajes. La compañía, de capitales ingleses y alemanes, le compró a la provincia de Santa Fe más de 2 millones de hectáreas a un precio muy bajo para instalar allí una fábrica de tanino. La historia de La Forestal tiene ribetes increíbles. El gobierno de Santa Fe, con el aval de la nación, no sólo le vendió a esta empresa extranjera más de un 20 % del territorio de la provincia a un valor irrisorio, sino que además le permitió construir una especie de Estado dentro del Estado. La Forestal llegó a tener seis ciudades, un puerto, 140.000 kilómetros de ferrocarril, policía, moneda y bandera propias, y más de cuarenta mil obreros, entre ellos muchos indígenas, que trabajaban a destajo y recibían apenas 2,50 pesos por cada tonelada de leña, en vales que, por supuesto, sólo podían canjear en las proveedurías de la propia empresa.

El esquema opresivo que funcionó en los obrajes y los ingenios tam­bién se replicó en otras ramas de la actividad manufacturera del país, como por ejemplo en algodonales, yerbatales, naranjales, cultivos de maní, talle­res y otros. Salarios vergonzosos, alimentación escasa, maltrato físico, abu­sos en los precios de los productos ofrecidos y contratos abusivos fueron los instrumentos comunes del atropello que se evidenciaron en cada una de las industrias que recibieron a los indígenas despojados de sus territorios por Roca y sus generales. En los yerbatales de la provincia de Misiones se los obligaba a firmar compromisos leoninos, llamados “condiciones del obra­je”, que incluían cláusulas absolutamente arbitrarias, como por ejemplo la que determinaba que si los trabajadores de la yerba mate se enfermaban no sólo perdían automáticamente la paga del día, sino que también debían abonar al patrón 50 centavos por cada jornada de ausencia en las planta­ciones. Si la enfermedad era grave, el contrato preveía que el trabajador doliente únicamente podía viajar a atenderse a las ciudades de Posadas o de Villa Encarnación si conseguía que alguien se hiciera cargo de su cuenta, que en general era deudora porque debía dinero a la proveeduría. En el caso de que nadie pudiera tomar su lugar, no se le permitía viajar, y su sa­lud quedaba librada al designio del destino.

A partir de cifras proporcionadas por el propio Poder Ejecutivo de aquellos años se calcula que, entre 1879 y 1883, cerca de veinte mil indí­genas tomados prisioneros en Pampa y Patagonia fueron trasladados hacia cárceles como Martín García, Valcheta y Chichinales, o las provincias del Norte y de Cuyo, para trabajar en las diferentes industrias y en el servicio doméstico. En el Chaco, las cifras del destierro son aun mucho mayores, porque allí la población indígena era mucho más numerosa que la que había en la Pampa. En Chaco, la deportación de los nativos hacia las cár­celes y las reducciones duró hasta comienzos del siglo XX.

Si bien adolecen de algunas deficiencias metodológicas, porque era muy difícil en aquella época acceder y registrar la totalidad de las comuni­dades que vivían tierra adentro, los resultados de los dos primeros censos realizados en el país son un parámetro válido para constatar el exterminio físico y cultural que sufrieron los pueblos originarios de la Argentina con la Conquista del Desierto. En el de 1869, presidencia de Domingo Sar­miento, la población indígena calculada fue de 93.138 personas. En el censo de 1895, bajo el mandato de José Uriburu, la cantidad de habitantes indígenas había disminuido a treinta mil. En el medio, habían pasado veintisiete años y una guerra desigual e infame.

 

 

Fuente: www.elhistoriador.com.ar