La falacia de la democracia parlamentaria como modelo irrebasable
 
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Autor: Roberto A. Follari

Lo vemos todos los días: frente a la aparición en Latinoamérica de nuevas modalidades políticas antiimperialistas que algunos han categorizado como de “populismo radical” (Evo Morales, Chávez), y la existencia de otros gobiernos que no se atienen del todo a las formas del parlamentarismo convencional (caso Kirchner), la reacción bienpensante de una parte decisiva del periodismo –a menudo ganado por una sorprendente ignorancia conceptual-, de la oposición política y de algunos intelectuales integrados, consiste en una actitud de indignada moral que pretende que estas modalidades políticas se estarían alejando de un modelo apriorístico-universal por completo indiscutible, tal cual sería el del parlamentarismo occidental, como modalidad de organización del Estado que deja intocados los mecanismos del capitalismo reinante.

Lo cierto es que la oposición a estos nuevos procesos políticos latinoamericanos pasa por oponerlos en un eje semántico malos vs. buenos, con aquéllos que signifiquen una izquierda afín a las formas políticas del republicanismo burgués, y que –no casualmente- resultan funcionales a los mecanismos del libre mercado económico: la Concertación chilena, el tibio gobierno de Tabaré en Uruguay –que comercia privilegiadamente con Estados Unidos-, el modo “civilizado” con que Lula ha tratado con los grandes empresarios.

No nos engañemos: no es que las derechas latinoamericanos vean con buenos ojos a Lula o a Bachelet. Pero frente al riesgo que creen ver en Correa, en Evo o en Chávez (Kirchner sería una versión “atenuada” de este populismo radical, no por ello tomada como aceptable), eligen el mal menor: de modo que gobiernos que la derecha no hubiera elegido, como los actuales de Chile o Brasil, son puestos como ejemplo al solo efecto de depotenciar la existencia intolerable de esa “parte maldita” (Bataille) que vienen a representar los modos “heterodoxos” de representación política que han aparecido en el subcontinente.

Sería importante hacer una breve referencia inicial a filosofía política: el pactismo liberal “a la” Habermas privilegia el acuerdo normativo sobre el conflicto de fuerzas; de tal modo, para esa versión el pacto es lo primero, y sobre él –y acorde a sus normas- se desarrolla el enfrentamiento político, “domesticado” de entrada por dicho pacto. Pero desde cierto marxismo, y sobre todo desde las derechas antiliberales, se ha propuesto que lo propiamente político es el enfrentamiento inicial, y que de él dependen posteriormente los acuerdos que pudieran realizarse (es lo que afirma Jorge Dotti en Argentina, retomando de manera heterodoxa a C.Schmitt): es decir, no hay garantía alguna de normas en común, de modo que en verdad los sistemas políticos no operan ninguna forma o guión “a priori” para resolver sus contradicciones, sino las resuelven acorde a relaciones que son siempre de fuerza, y siempre casuísticas y contingentes.

Si tomamos a fondo lo afirmado en el párrafo anterior, estamos entendiendo que el régimen parlamentario es expresión de cierta relación de fuerzas, y de ninguna manera una especie de “forma a priori” universal de lo político, tal como la apacentadora máquina de dominación neoliberal ha logrado imponer en los últimos años a buena parte de los intelectuales (1).

La democracia parlamentaria –así la denominaremos, aunque a menudo sus limitaciones en tanto democracia sean enormes- se presenta a menudo como forma universal, de la cual cualesquiera otras serían “desviaciones”, modalidades derivativas que habría que siempre comparar con el modelo ideal que tal democracia representaría. Esta enorme naturalización merece ser deconstruida: el parlamentarismo no cayó del cielo, no es la modalidad única posible de sistema político, ni carece de limitaciones e imposibilidades a partir de su propia modalidad constitutiva.

No cuesta advertir que la democracia representativa es enormemente delegativa; que el pueblo no delibera ni gobierna “sino por medio de sus representantes”, como dice la Constitución argentina; es decir, el pueblo elige, pero no delibera ni gobierna. Gobiernan representantes, los cuales es obvio que a menudo se desprenden por completo de sus representados; y aún cuando no lo hicieran, en todo caso son otros que sus representados.

Mecanismos más directos de ejercicio de la voluntad popular, como consultas, referenda, revocación de mandatos, etc., no son incompatibles con la democracia parlamentaria, pero no le son consustanciales; se puede prescindir de ellos, y de hecho es lo que habitualmente sucede. De tal manera, aquello de la democracia definida como gobierno “del, por y para el pueblo” tiene muy poco que ver con lo que se da efectivamente en el parlamentarismo.

Por cierto, puede alegarse consistentemente que es necesario que exista representación, pues en la complejidad de la sociedad actual sería imposible prescindir de mediadores a la hora de las decisiones cotidianas, como ocurriría con un autogobierno directo. Por mi parte, comparto ese argumento. Pero de ello a sostener que la participación ciudadana deba limitarse a elegir representantes cada cuatro o seis años, evidentemente hay un salto muy grande. Salto que la democracia parlamentaria (dentro de la cual incluyo, es obvio, los regímenes “presidencialistas” que sostienen parlamento dentro de la división de poderes) realiza sin inconvenientes, pretendiendo que el elegir representantes basta para legitimar los regímenes políticos, o al menos para dar la base mínima necesaria de tal legitimación.

Podría –y debiera- haber modos más directos de ejercicio de la soberanía popular, que la democracia parlamentaria habitualmente no incluye: herramientas de cancelación del mandato de los dirigentes electos, iniciativas populares que deban ser aceptadas con un número mínimo de firmas, asambleas periódicas de vecinos o de ciudadanos. Todo eso es democracia, pero no está incluido en el mecanismo delegativo de la democracia parlamentaria.

De tal modo, la repetida apelación a lo supuestamente escandaloso que habría en los liderazgos directos de los gobernantes como Chávez o Evo, pierde su razón de existencia. Pareciera intolerable que el líder se relacione “directamente” con la población, lo que supuestamente importaría un abandono de las instituciones. ¿De cuáles? ¿Desde cuándo es obligatorio que para que un mandato popular se valide, tenga que pasar necesariamente por el parlamento? ¿la relación directa de grandes sectores de la población con un dirigente es intrínsecamente totalitaria? ¿por qué habría de serlo? ¿no lo será más, la imposibilidad de las grandes mayorías de acceder a los secretos acuerdos de las discusiones parlamentarias?  En varios aspectos, la participación de la población es más directa y activa en regímenes de liderazgo personal y masivo, que en aquellos a que habitualmente se llama “democráticos”, estos últimos con instituciones que a menudo están por completo disociadas de la mayoría de la población. 

El eje democracia/dictadura y la sacralización del libre mercado

Es cierto: la democracia parlamentaria provee –al menos idealmente, y siempre parcialmente en los hechos- el cuidado de los derechos civiles y humanos, el respeto (siquiera sea por omisión del Estado) respecto a las libertades individuales. Y ello no es una cuestión menor, dado el atropello que las dictaduras han realizado de dichos derechos, arrasándolos literalmente durante las décadas del sesenta al ochenta en no pocos países de Latinoamérica.

De aquella oscura experiencia se ha aprendido: sin dudas que democracia parlamentaria no es lo mismo que dictadura militar; y que ambas no son, simplemente, formas intercambiables de la dominación económica capitalista. Verlo así, implicaría no dar a lo político ninguna entidad propia, pensarlo como una especie de entelequia abstracta, por completo ajena a la materialidad. Pero reunirse, transitar, permanecer vivo, son cuestiones tan elementalmente humanas como decisivamente materiales, a las cuales hay que defender con toda energía. Y sostener la democracia parlamentaria contra las dictaduras, implica sostener esa defensa (por más limitaciones que tal democracia conlleve, algunas de las cuales ya hemos destacado).

Pero algunos políticos e intelectuales exageraron la nota. Es válido entender entonces que la democracia parlamentaria, por más parcial y limitada que sea, es efectivamente una forma de ejercicio donde se pone límites a los atropellos que podría cometer una dictadura. En ese sentido no es una democracia “formal” exclusivamente, como cierta izquierda ha solido entender. Pero, a contrario sensu, no podría pretenderse que, con ello, la democracia parlamentaria conlleva todo lo que de democrático pudiera pedirse de un sistema político.

Una democracia radical (es decir, que se realice “de raíz”) es mucho más que ello, aunque mantiene las nociones de libertad de reunión, de credo, de tránsito, de asociación, etc. Pero  incluye estas libertades, rebasándolas: además sostiene formas de participación directa que la democracia parlamentaria no incluye; a la vez que es más coherente en la salvaguarda de los derechos civiles, al atender lo económico como aspecto que limita/condiciona el ejercicio de la ciudadanía dentro de la modalidad capitalista de división de clases sociales.

El eje de discusión democracia/autoritarismo (sutilmente este último reemplazando a dictadura), implica abandonar el de capitalismo/socialismo, o, si se quiere, desigualdad-igualdad económica entre sectores y clases sociales. Al haberse hecho desaparecer este último eje como si el primero lo incluyera (lo que es obvio que no ocurre) o lo “superara” –lo cual no pasa de ser una pretensión por completo imaginaria-, se ha conseguido ocultar sistemáticamente la cuestión de la justicia distributiva como espacio central de la discusión sobre lo democrático. No hay democracia para los marginados, los desocupados, los que permanecen en la indigencia. O si algo de ella hay, es en ínfima medida. El capitalismo pone límites a la democracia, y la deteriora intrínsecamente. Influye en las decisiones de los gobernantes desde el poder económico, y excluye a amplios sectores sociales de los beneficios de su pertenencia a la comunidad (2).

Esto es exactamente lo contrario a lo que sostiene la vulgata impuesta en los últimos lustros, a partir del auge neoliberal. Este último selló a fuego la identidad semántica entre libertad en general, y libre mercado. De tal modo, la libertad de comerciar –en uso sólo para quienes disponen de capital previo para intervenir- se asume como si fuera “la madre de todas las libertades”.

Si hay libre mercado hay libertad, se afirma, negando las groseras evidencias en contrario (regímenes como el de Pinochet fueron adalides del libre mercado, como también otros muy poco democráticos aunque hayan sido elegidos, como el de Fujimori en Perú, o el de Uribe en Colombia) (3). Y si hay libertad hay libre mercado, se propone, cuando gobiernos enormemente respetuosos de las libertades públicas como los de la socialdemocracia sueca, han sostenido altas tasas de impuestos desde el Estado limitando radicalmente al libre mercado, y siendo a la vez ejemplos de democracias abiertas y plurales.

Pero no importan las evidencias; el par imaginario democracia-libre mercado ofrece pingües beneficios de legitimación para el gran capital (que –no está de más recordarlo- fue el mismo que se asoció a las dictaduras y las impulsó, cuando vio amenazados sus intereses en la época de los años sesentas y setentas).

Lo cierto es que a estas estratagemas discursivas de fuerte arraigo en el sentido común que se ha logrado imponer desde los años noventas en Latinoamérica, hay que sumar el hecho de que el neoliberalismo se hace irrefutable. Y no porque sea muy sólido en su relación con los hechos de la realidad, sino simplemente porque no se relaciona con ella; aparece como un “modelo ideal abstracto” que nunca es tocado por las refutaciones desde lo real. “Los problemas del libre mercado se resuelven con más libre mercado”, se pregona alegremente. Hinkelammert lo demostró bien en su momento: como siempre hay algún gasto estatal para mantener siquiera la represión y el control social, siempre el libre mercado puede echar la culpa de los males que él mismo produce, al supuestamente excesivo gasto del Estado. Este último siempre es responsable, y como algún margen de Estado siempre queda a pesar de los más crudos avances privatistas neoliberales –y el Estado mínimo sirve para garantizar esos avances- en toda ocasión se puede alegar que falta privatizar un poco más. Una perversa manera de sostener las propias postulaciones sin someterlas jamás a prueba alguna (4).

A la vez, hay un deslizamiento semántico muy curioso desde la noción de dictadura hacia una vaga idea de “totalitarismo”. No puede decirse que Chávez dirija una dictadura: ha ganado siete elecciones consecutivas, contra una prensa y un gran empresariado que lo han enfrentado de manera abierta y permanente. Pero entonces, se dirá que su ejercicio del poder está infestado de personalismo, liderazgo carismático y por ello antidemocrático y extrainstitucional, que persigue a la prensa libre (basta ver TV en Venezuela para advertir cuánto se puede decir allí contra las autoridades constituidas) y otras muchas acusaciones parecidas, a través de las cuales el segundo polo del eje democracia/dictadura se superpone con aquellos que no siguen el libre mercado; según el credo neoliberal, serían quienes no siguen el ejercicio de la libertad.

De tal modo, se connota que los gobiernos latinoamericanos que provisoriamente hemos llamado “populistas” (sin asumir por nuestra parte lo que de peyorativo suele asociarse a dicha denominación), serían poco menos que “dictatoriales”. De un lado, la democracia de libre mercado; del otro, los populismos que arrasarían con las libertades, casi de la misma manera que una dictadura.

Lo grotesco es que se parecen bastante más fielmente a una dictadura, ciertas democracias parlamentarias sumamente condicionadas; tal el caso de Uribe en Colombia. Los ataques a Evo Morales o a Chávez mientras se silencia la cuestión colombiana –donde el gobierno es un firme aliado de los Estados Unidos-, muestran de modo desnudo la hipocresía de toda esta trama discursiva: gobiernos de “mano dura” con derechos civiles recortados, si están con el libre mercado, son súbitamente asumidos como democráticos. Y gobiernos que sostienen más libertades en los hechos, y que además mejoran las condiciones sociales y económicas de los excluidos del ejercicio de la ciudadanía, son considerados no-democráticos o anti-democráticos.

Por cierto que el ruido mediático va en esta dirección en no pocos de nuestros países; incluso en algunos de ellos (Argentina, Venezuela) los medios son la principal oposición a los gobiernos de Kirchner y de Chávez, ante la falta de posibilidad de articular una oposición política suficientemente creíble, y que convenza de que pueda llevar a cada una de estas sociedades a una mejor situación que la que hoy tienen.

Colabora a ello no sólo la mala fe de los dueños de muchos de los medios más exitosos, sino la flagrante ignorancia de un sector nada menor del periodismo, que no realiza estudios específicos, y se deja llevar por la versión hegemónica y el sentido común más ramplón, a la hora de analizar la situación política de nuestros países (5).

Digresión sobre populismo

El del populismo es un tema complejo, que requeriría un trabajo aparte de éste: por ahora, sin embargo, haremos una cierta aproximación, a los fines de re-semantizar esta categoría, que ha gozado de muy mala prensa habitualmente.

Una de las cuestiones a plantear es por qué el populismo “vuelve” siempre en Latinoamérica, aun cuando muchos creíamos que las condiciones que lo habían posibilitado están agotadas. Ya sin espacio para burguesías nacionales relativamente autónomas, o para un mercado interno que pudiera protegerse del librecambio internacionalizado, parecía que las bases económicas para el populismo ya no existían.

Pero evidentemente, el fenómeno populista no es sólo económico, o no es sólo la superestructura política de una cierta específica condición económica. En ello, E.Laclau ha mostrado tener cierta razón: si bien él ha llevado demasiado lejos la comprensión de la política como fenómeno puramente discursivo, muestra convincentemente que lo político no puede ser reducido a lo económico (6). El populismo sigue entre nosotros –o vuelve en nuevo formato- aun cuando las condiciones económicas son muy otras que aquellas en las cuales tuvo su auge (Perón, L.Cárdenas, el primer Paz Estenssoro, Goulart, Velasco Ibarra).

Notoriamente, hay ciertas condiciones de lo cultural que permiten e impulsan el liderazgo personalista en Latinoamérica. Nuestros países no pasaron por el protestantismo con su insistencia en el albedrío y el destino individuales, sino por el catolicismo y su fuerte raigambre comunitario-paternalista: es éste un dato no menor en la constitución del imaginario acerca de lo político en nuestro subcontinente.

A su vez, hay otras condiciones que sí tienen que ver con lo económicosocial, y que pueden ser factores que cointervengan en ese sentido: tenemos en nuestros países a un amplio abanico de sectores sociales no ciudadanizados; los cuales por marginación, miseria, analfabetismo, etc. (factores no independientes entre sí, por supuesto), no participan en absoluto del acceso a los bienes y servicios que se supone son propios de quien está integrado a lo social. El resultado es esperable: por una parte, la expectativa de algún salvador que haga el milagro de salir de un golpe de la miseria y la exclusión; de tal modo, la aceptación de liderazgos unipersonales carismáticos. Por la otra, ningún apego por las formas republicanas establecidas: ellas se aparecen abstractas, resultan efectivamente ajenas, desconocidas en su funcionamiento, y evidenciadas como ineficaces para resolver los problemas cotidianos. Por ello, a estos grupos sociales tales formas institucionales no les importan en lo más mínimo; una condición muy diferente de la que acaece con las poblaciones muy mayoritariamente integradas y letradas que se encuentran en las sociedades del capitalismo avanzado de democracia parlamentaria.

Por otra parte, la debilidad de la sociedad civil en nuestros países, hace que el parlamento –tanto como el sistema político en su conjunto- pueda desligarse fácilmente de las ataduras que otros sistemas tienen frente a sociedades con mayor peso para presionar. Las instituciones del sistema político en Latinoamérica son fácilmente colonizadas por el capital y el consiguiente peso e influencia de los más poderosos, descuidándose así la necesidad de una legitimación relativamente universalista, que incluya a todos los sectores sociales.

Esto también colabora al descreimiento colectivo respecto de las formalidades de la democracia parlamentaria, las cuales no funcionan de igual manera que en sociedades que son menos polarizadas, y más escolarizadas. A su vez, esta colonización del sistema político por el capital lleva a que la –en términos ideales sin dudas deseable- distribución no centralizada del poder político, conlleve una enorme debilidad intrínseca en relación con el poder económico.

El corolario de lo que acabamos de afirmar se resume fácilmente: se requiere cierta concentración de poder político si se quiere enfrentar -en las sociedades latinoamericanas-, al poder económico. No es casual que surjan los liderazgos unipersonales, calificados de “carismáticos”: se los apoya porque resultan eficaces. A la hora de una estatización de empresas, o de negociar con el Banco Mundial o el FMI, se requiere de liderazgos definidos, y de la posibilidad de concentrar fuerzas frente a adversarios muy poderosos a nivel internacional y local.

En todo caso, es curioso que la forma organizativa del partido, que está fuertemente desprestigiada y no genera arraigo ni entusiasmo casi en ninguna parte del mundo, pretenda asumirse como la modalidad “universal/a priori” válida de organización política, para enfrentar a partir de ella a los liderazgos personalistas latinoamericanos, vistos como una ofensa a la democracia efectiva. ¿Qué democracia podrían asegurar los partidos políticos? Por lo menos en su modalidad actual o las cercanas, es claro que muy poca (7).

Lo cierto es que el populismo, pasada su versión de los años setentas, ha mostrado que no hay modernización que le impida reaparecer –contra lo que se imaginó en tiempos del desarrollismo-; y, por cierto, que está muy lejos de ser “irracional” o siquiera “a-racional”, como plantean no pocos autores, de manera explícita o implícita. Llamar irracional al seguimiento carismático es sostener una noción perimida y mínima de lo racional, que limita esto a lo intencional-conciente; según esa versión sería racional sólo lo previamente “razonado”.

Pero llorar cuando tenemos dolor, es racional; gritar cuando nos atacan es racional, en tanto son reacciones sobre cuya pertinencia podemos argumentar consistentemente. Todo aquello que podemos defender argumentativamente resulta racional; de modo que son situaciones no razonadas “a priori”, sino a posteriori (o, mejor, simplemente situaciones pasibles de ser razonadas, aunque a menudo no las hagamos efectivamente argumentadas).

Este breve paso por la filosofía lo damos para argüir contra las groseras calificaciones de “irracionalismo” en contra de los populismos efectivamente existentes. Estos podrán ser más o menos beneficiosos para aquellos a quienes afectan, pero de ningún modo serían rechazables por ser “menos racionales” que los sistemas políticos que pasan por las (no siempre) sesudas argumentaciones en la discusión parlamentaria.

Por otra parte, hay en la tradición teórica un término que remite a un fenómeno en parte análogo al del populismo: el del cesarismo, según la postulación gramsciana. El autor italiano, siempre especialmente atento a lo específicamente político, remitió a esa categoría para pensar el caso de quienes, a partir de una situación nacional especialmente antagónica, en un determinado momento aparecían como salvadores de la Nación, al ponerse por encima de las fracciones en pugna. Se trataba también de un liderazgo advertido como providencial, que podía –según el caso- ser conservador o progresivo.

La diferencia con el populismo, es que éste siempre incluye un enemigo “externo” a la Nación misma, y por ello, no necesariamente proviene de un antagonismo interno previo, aun cuando en muchos casos se dé este último fenómeno (caso de Perón en Argentina desde 1943 hasta llegar a la presidencia en 1945). Pero por otra parte, el populismo mantiene la característica gramsciana de que puede ser reaccionario o renovador, ir a favor o en contra de los intereses de los sectores populares y subordinados.

Los populismos, por ello, responden a la caracterización inicial de Laclau según la cual su contenido es variable, respecto a los intereses de los sectores sociales involucrados. Si bien el autor argentino radicado en Inglaterra tomó esta noción desde una visión althusseriana de lo ideológico (que remite al concepto de “interpelación”), es notorio que pese su sedicente antihistoricismo (8) el teórico argelino-francés reasumió –dentro de otro formato conceptual- el legado de Gramsci, como se hace obvio en su noción de “aparatos ideológicos del Estado” (9).

Aquí coinciden –entendamos que causalmente o no- Laclau con Gramsci: el fenómeno de liderazgo personal carismático de masas, puede ser retrógrado o progresivo. Laclau insistirá en que la cuestión es discursiva: el populismo antagoniza al pueblo contra algún enemigo que ocupa el otro polo de dicho antagonismo. Qué se entienda por “pueblo” variará según el caso, y en aquella concepción inicial Laclau lo extremaba tanto como para incluir en esta caracterización a Mao por una parte, y a Hitler en el otro extremo.

Por nuestra parte, dejaríamos de lado la categoría de populismo para referirnos a situaciones del capitalismo avanzado, pues estas condiciones discursivas a nuestro juicio se hacen eficaces sólo sobre cierto específico andamiaje socioeconómico material. La remisión de Mao a la estructura del Partido Comunista nos hace poco plausible su inclusión –el líder estaba limitado fuertemente por la estructura partidaria-, dado que los líderes populistas hacen su legitimación desde sí mismos, mucho más que por remisión a algún legado ideológico u organizativo previo.

Por otra parte, los populismos no son expansivos; implican privilegiar al pueblo sobre las elites, pero no al propio pueblo por sobre los pueblos vecinos (o no tanto), como sucedió en el caso del nazismo.

Asumiendo, entonces, la inherencia del populismo a ciertas condiciones sociohistóricas que lo hacen muy predominantemente –aunque no exclusivamente- latinoamericano (10), y en todo caso propio del capitalismo periférico, está claro que ha habido populismos conservadores (el caso de Velasco Ibarra en Ecuador es preciso al respecto), y otros progresistas (en su tiempo, podemos agregar Torrijos a personajes como Cárdenas o Perón).

A su vez, el “populismo radical” al que ahora asistimos es inédito previamente: con referencias al “socialismo del siglo XXI” en Chávez, o a hermanarse con la figura del Che Guevara en el caso de Evo Morales, o al hablar de “socialismo” el día de la asunción como Correa (11), esta vez el populismo realmente existente mantiene la veta del liderazgo personal y el rechazo –no siempre explícito- a la mediación parlamentaria.

Pero en esta ocasión histórica tiene un tinte anticapitalista mucho más marcado que el de sus antecesores, los mejores de ellos reformadores al interior del capitalismo mismo. No por nada Condoleezza Rice ha hablado de los populismos radicales como el nuevo enemigo de los intereses estadounidenses en Latinoamérica.

Populismos que (a pesar de lo atacada que ha sido su denominación) constituyen modos definidos de asunción de los intereses de los sectores subordinados, efectivamente mayoritarios en sus respectivas sociedades. Los cuales –muy imperfectamente por cierto, pues las realidades sociales en las que se insertan distan de ser perfectas- son modos de ejercicio democrático mucho más genuinos que las sedicentes democracias parlamentarias, las que más de una vez son casi exclusivamente una cortina de legitimación de la explotación y la desigualdad social extremas.

Notas y referencias:

(1) Esto es muy patente a nivel mundial, y también latinoamericano. Quizás el caso mexicano sea el más acentuado en ese sentido. Puede verse escritos instalados en la más cómoda presuposición de “limpieza” democrática procapitalista, p.ej. Hernández Rodríguez, Rogelio: “Los intelectuales y las transiciones democráticas (de la inconformidad como oficio a la responsabilidad política)”, cuyo nombre es de por sí bastante elocuente; en el libro de W.Hofmeister y H.Mansilla: Intelectuales y política en América Latina (el desencantamiento del espíritu crítico), Homo Sapiens, Rosario, 2003; también Salazar Carrión, Luis: “Hirschman y las retóricas de la intransigencia”, en VV.AA., Los intelectuales y los dilemas políticos en el siglo XX, FLACSO-Triana ed., México D.F., 1997, tomo I ; en el caso de Salazar, cambió el contenido de sus certidumbres pero no la actitud de sostenerlas tenazmente, desde cuando escribía textos de un crudo cientificismo de corte althusseriano.

(2) Atilio Borón ha dedicado varios artículos en los últimos años a demostrar la contradicción intrínseca entre ensanchamiento democrático y mantenimiento del capitalismo. 

(3) El caso de M.Friedman como asesor de la dictadura chilena fue especialmente elocuente al respecto. Friedman no tuvo problema alguno para colaborar con un gobierno que destrozó el respeto por los derechos humanos, y que acabó por la fuerza con una administración elegida en elecciones transparentes. No hubo mínima contradicción para él entre libre mercado y dictadura. Sólo que, cuando hacia comienzos de los ochentas el modelo económico pasó por una crisis que llevó a que Pinochet prescindiera de sus servicios, Friedman halló una salida elegante para su colaboracionismo, declarando que quizá era imposible que una dictadura pudiera hacer funcionar una economía de mercado como la que él preconizaba.

(4) Hinkelammert, F.: Crítica de la razón utópica, DEI, San José de C.Rica, 1986

(5) Los “maestros” periodistas en estas posiciones son bien conocidos: Andrés Oppenheimer, Álvaro Vargas Llosa, Mariano Grondona, Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Montaner...las ciencias sociales ausentes por completo, y sin aviso.

(6) Laclau, E.: Política e ideología en la teoría marxista, Siglo XXI, Madrid, 1978

(7) El desencanto con la política existente y el “fin de las ideologías” ligado a la in-diferencia hacia la organización del gobierno, se expresan múltiplemente en la literatura europea sobre Filosofía política y ciencias sociales. Algunos ejemplos: Baudrillard, J.: La izquierda divina, Anagrama, Barcelona, 1985; Guéhenno, J.: El fin de la democracia (la crisis política y las nuevas reglas del juego), Paidós, Barcelona, 1993; Ranciere, J.: El desacuerdo, Nueva Visión, Bs.Aires, 1996

(8) Althusser, L.: La revolución teórica de Marx, Siglo XXI, México, 1968

(9) La noción está tomada –notoriamente, aun cuando modificada- de la categoría gramsciana de “aparatos de hegemonía”, y mantiene la característica que ésta plantea, de no remitir necesariamente al aparato administrativo-estatal.-

(10) Ha habido casos de populismos asiáticos o africanos que habría que analizar en su especificidad, casos Nerhu, Nasser o Sukarno.-    

(11) En el momento de escritura del presente texto (febrero 2007) acaba de ascender Correa como presidente, enfrentando no pocas dificultades y obstáculos. No puede predecirse si su puja con el Congreso –típica de las contradicciones a que refiere nuestro artículo- será finalmente ganada o no. Sí es visible la radicalidad ideológica a que adscribe el presidente ecuatoriano.

* Roberto Follari, Dr. en Psicología, director de la Maestría en Estudios Latinoamericanos – Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo.

Fuente: www.elhistoriador.com.ar