"El pueblo de Buenos Aires creyó que el general del Norte D. Manuel Belgrano no había llenado con la exactitud correspondiente los deberes todos que le impuso la alta confianza que mereció a la patria en aquella expedición."
Así rezaba en su primera plana la Gazeta de Buenos Ayres del 11 de agosto de 1811, precediendo al decreto de la Junta con la absolución de Belgrano, en el proceso que se le siguió por la campaña del Paraguay. Llamado el jefe de la expedición a Buenos Aires, se le inició la causa, el 6 de junio de 1811. Pero la cabeza del proceso no contenía cargos concretos, sino una "petición del pueblo" para que se hiciesen "los cargos a que hubiese lugar".
Fue designado fiscal militar el coronel Marcos González Balcarce, quien se encontró con la dificultad de la ausencia de cargos. Entonces se procedió a colocar carteles en las paredes llamando "a todos los ciudadanos o militares que tuvieran algo que declarar contra el general Belgrano", publicándose también este bando en el Ejército de la Banda Oriental y haciéndose el llamado incluso a la tropa. Ante la falta de respuesta al procedimiento, éste se repitió, pero nuevamente sin éxito alguno. Dos semanas más tarde, los oficiales que habían acompañado al general porteño en su campaña al Paraguay presentaron un oficio al gobierno, declarando "que no había un oficial ni un soldado que tuviera la menor queja que producir contra él", y expresaban haber convenido de común acuerdo entregar este documento, "sin que a esto nos haya impelido otra causa que el amor a la justicia, y salvar el buen nombre de un patriota, a quien vimos sacrificarse en todas ocasiones en obsequio de la patria y de la gran causa que defendemos".
El documento es particularmente significativo, porque no sólo defiende a renglón seguido todas las acciones de Belgrano, sino que subraya "el heroico valor con que logró que nuestras armas se cubriesen de gloria en los memorables ataques de Candelaria, Paraguarí y Tacuarí”. El tribunal llamó a declarar, sin embargo, al gobernador de Misiones, coronel Tomás Rocamora, al teniente coronel Gregorio Perdriel, al teniente Ramón Elorga y al alférez Antonio Segovia, entre otros militares. Pero ninguno de los testimonios arrojó duda sobre la conducta del general en jefe.
El proceso, como señala un historiador, se estaba convirtiendo "en un verdadero triunfo para Belgrano", hasta que, finalmente, el gobierno resolvió, el 9 de agosto -tan sólo dos meses después de iniciarse el sumario-, emitir la absolución, que la Gazeta de la fecha citada hizo preceder de este comentario: "Él (Belgrano) ha servido bien a la patria; véase aquí la más lisonjera declaración que hoy ha conseguido, y un nuevo motivo que debe empeñarlo doblemente en su servicio. La Patria lo llamó para que lo justificase, y él lo ha hecho. La Patria confiesa y lo publica, y el decreto siguiente de la Excma. Junta será un testimonio perpetuo de ello, que funde su reconocimiento y sirva de estímulo a los demás: ‘Vistos con lo expuesto por el Excmo. Cabildo, alcaldes de barrio y oficiales del ejército del Norte, se declara que el general don Manuel Belgrano se ha conducido en el mando de aquel ejército con un valor, celo y constancia dignos del reconocimiento de la patria; en consecuencia, queda repuesto en los grados y honores que obtenía, y que se le suspendieron en conformidad de lo acordado en las peticiones del 6 de abril, y para satisfacción del público y de este benemérito patriota, publíquese este decreto en la Gazeta’.” |
