Los negociados de la década infame
 
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Autor: Felipe Pigna

El golpe de estado del general José Félix Uriburu, perpetrado el 6 de septiembre de 1930, inauguró un período de trece años en el que ocuparon la presidencia, gracias al fraude electoral, el general Agustín P. Justo, el radical alvearista Roberto Marcelino Ortiz y el conservador Castillo.

Esta etapa de nuestra historia, conocida popularmente como "la década infame", se caracterizó por la ausencia de la participación popular, la persecución a la oposición, la tortura a los detenidos políticos, la creciente dependencia de nuestro país y la proliferación de los negociados.

La intervención del Estado en la economía se limitó durante este período de profunda crisis económica y social, a resguardar con fondos públicos los intereses privados de los grandes grupos económicos, desentendiéndose del hambre, la desocupación y la miseria que soportaban un alto porcentaje de las familias argentinas.

Este manejo discrecional de los presupuestos por parte del gobierno, fomentó la corrupción y los negociados, grandes protagonistas de esta década infame.

La mayoría de los negociados tenían su origen en el gobierno y sus funcionarios.

Uno de los más famosos fue el de las carnes, denunciado en el Congreso, a mediados de 1935 por el demócrata progresista Lisandro de la Torre. El senador santafecino denunció por fraude y evasión impositiva a los frigoríficos Anglo, Armour y Swift. Aportó pruebas que comprometían directamente a dos ministros de Justo: Federico Pinedo, de Economía, y Luis Dahau, de Hacienda, en las que se establecía claramente el trato preferencial que recibían estas empresas que prácticamente no pagaban impuestos y a las que nunca se las inspeccionaba, mientras que los pequeños y medianos frigoríficos nacionales eran abrumados por continuas visitas de inspectores impositivos.

De la Torre, recibió de militantes sindicales del gremio de la carne la información precisa de que en un barco inglés anclado en el puerto, el Norman Star, el frigorífico Anglo ocultaba información contable en cajas de "cornead beef" selladas por el ministerio de Hacienda, lo que probaba sobradamente la complicidad del ministro Dahau y demostraba hasta dónde llegaba la impunidad de los frigoríficos ingleses tras la firma del pacto Roca-Runciman.

Las denuncias hicieron evidentes las conexiones del gobierno con otros negociados. El nivel de las discusiones en el Senado fue subiendo de tono hasta que se decidió hacer callar a De la Torre. Un matón del Partido Conservador, colaborador muy cercano del ministro Dahau, Ramón Valdéz Cora, atentó contra la vida de De la Torre, y mató a su amigo y compañero de bancada Enzo Bordabehere. Se dio por terminado el debate.

Pero los escándalos continuaban involucrando a políticos y funcionarios, como en el caso de la Compañía Argentina de Electricidad, la empresa eléctrica que abastecía de electricidad a la Capital Federal y allá por 1936 debía renegociar la concesión del servicio y prorrogar hasta 1997 la exclusividad de la provisión del servicio eléctrico.

La decisión quedaba en manos del Concejo Deliberante porteño, compuesto en un alto porcentaje por radicales, que habían vuelto a la participación política tras el levantamiento de la abstención electoral por parte de su líder, Marcelo T. de Alvear, en 1935. Las otras bancadas importantes eran la socialista y la de los liberales-conservadores, nucleados bajo el curioso nombre de "socialistas independientes".

A partir de 1933 la empresa de capitales belgas, subsidiaria de la multinacional SOFINA, que se había transformado en una sociedad anónima argentina para evadir impuestos, comenzó a hacer lobby y a sobornar a distintos concejales de diferentes bancadas y comprar, vía avisos publicitarios, la opinión de la mayoría de la prensa porteña.

Finalmente, en 1936 el grupo empresario presentó ante el Concejo Deliberante el pedido de extensión de la concesión en el tiempo y en el espacio, ya que pretendía ampliar su área de influencia al Gran Buenos Aires. "Generosamente", ofreció a cambio una rebaja en la tarifa domiciliaria y un aumento del costo del servicio para comercios e industrias.

Su urgencia por la aprobación la llevó a contactar en septiembre de 1936 al doctor Alvear, que se encontraba en Europa. Altos funcionarios de la firma se reunieron con Don Marcelo con el objetivo de que telegrafiara a sus correligionarios ordenándoles que apoyaran el proyecto de la CADE.

Alvear se tomó su tiempo. Le llegaron las informaciones de la indignación de la gente ante la casi segura firma del nuevo contrato. Pero al regresar al Buenos Aires emitió un documento partidario donde comentaba que "cuando la labor de los funcionarios está interrumpida por la opinión pública, estamos entrando en la demagogia. Los concejales deben actuar con todo libertad, de acuerdo a su conciencia". Y los concejales actuaron votando favorablemente la ampliación de la concesión.

Sus colegas socialistas independientes hicieron lo mismo, urgidos por su máximo líder, el ministro de Hacienda, Federico Pinedo, antiguo consejero jurídico y técnico de la empresa eléctrica, quien en una reunión de bloques les dijo muy claramente: "Hay que arreglar el problema porque el gobierno necesita de CADE para arreglar sus problemas financieros. En estos días nos han prestado siete millones de pesos, y no es posible que el gobierno, que no ha podido colocar un empréstito, pueda ponerse a joder con una empresa que tanto le sirve".

El 29 de octubre de 1936 con los votos radicales, conservadores y socialistas independientes, el Concejo Deliberante de Buenos Aires promulgó la ordenanza 8.029 otorgando a la CADE una nueva concesión hasta el año 1997, que por distintos avatares políticos no llegaría a cumplirse, pero que rigió por décadas. El 30 de octubre de aquel año 36 llegó desde Bruselas un telegrama dirigido a los directivos locales de la empresa que decía: "Muy emocionados, os envío a todos, de todo corazón, felicitaciones por el resultado obtenido y mis mejores deseos para 1937. Firmado: Heineman, director de SOFINA".

Otro escándalo de tintes pintorescos que conmovió a la época fue el de los niños cantores de la Lotería Nacional. Todo comenzó una tarde de junio de 1942, cuando un grupo de niños cantores se reunió en el Café de los Angelitos, en Rivadavia y Rincón. Allí, uno de ellos comentó que conocía a un oficial tornero, que podría fabricar una bolilla de madera idéntica a la utilizada en los sorteos oficiales de la lotería que podría ser cambiada por ellos en el momento del sorteo para obtener el premio mayor. El resto de los compañeros se mostraron interesados en la idea y el proyecto se concretó durante el sorteo del 24 de julio de 1942, cuando salió el número 31.025 beneficiado con la suma de 300.000 pesos, comprado por los "niños cantores". Pero la indiscreción de algunos de ellos, que comentaron a novias a amigos su plan, los llevó a la perdición, porque no fueron los únicos beneficiarios y comenzó a correrse la bolilla por todo el país, al punto tal que, al día siguiente, el diario Crítica publicó como título catástrofe la noticia: "El 025, número anticipado desde ayer, salió con la grande".

La cámara de diputados, ante la sospecha de que los "niños" no estaban solos formó una comisión presidida por el Dr. Rodríguez Arraya, para investigar a la Lotería Nacional. La comisión solicitó y obtuvo la interpelación de ministros y funcionarios y demostró graves irregularidades en el funcionamiento del organismo oficial que iban desde el uso de bolillas de distinto peso a maniobras con los billetes ganadores no cobrados en término por sus beneficiarios. También se demostró que entre la larga lista de compradores del 31.025 había jueces, concejales y ex ministros. De todas maneras, los únicos sancionados fueron los niños cantores que recibieron penas de tres a cuatro años y los casuales compradores del 31.025, que seguían ese número por pálpito o costumbre, que se quedaron sin cobrar su premio porque el sorteo fue anulado.

Pero quizás el negociado que trajo consecuencias políticas más graves fue el de la venta de las tierras del Palomar vecinas al Colegio Militar.

En mayo de 1934, la señora María Antonia Pereyra Iraola de Herrera Vegas y su hermana María Luisa intentaron infructuosamente venderle al estado un campo de 23 hectáreas en el Palomar, por entender que podría ser de interés del Ministerio de Guerra para ampliar las instalaciones del Colegio Militar. La operación no se concretó porque las damas pedían un peso por metro cuadrado y los peritos oficiales dictaminaron que no debía pagarse más de 19 centavos. Fracasada la operación, en septiembre de 1937, las señoras retiran su terreno de la venta y se lo comunican al Director General de Ingenieros, general Juan Bautista Molina. A los pocos días, el 22 de septiembre de ese año las propietarias firman un contrato privado de compraventa con el señor Néstor Luis Casás, por el cual le vendían el campo a 0,65 pesos el metro cuadrado, estableciéndose un plazo de 120 días para concretar la escrituración.

Ese mismo día el señor Casás se presentó por intermedio de su apoderado, el señor Jacinto Baldaserre Torres, a la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados, ofreciendo en venta el campo a 1,10 pesos el metro cuadrado. La comisión llamó a los generales Molina y Pretiñe, quienes, sin conocer el precio pedido, aconsejan la compra hasta un valor máximo de 1,10 pesos el metro cuadrado. El 11 de enero de 1939 el presidente Ortiz firma el decreto 21.683 autorizando la compra al valor indicado.

Baldaserre obtuvo además un permiso especial del Ministerio de Guerra para que la operación se hiciera en forma simultánea y en tres pasos sucesivos. El 24 de abril se produjo el negocio en La Plata: En primer lugar, el gerente del Banco Nación, sucursal La Plata, declaró cancelada la hipoteca que gravaba la propiedad de las señoras Herreras Vega. A continuación las señoras vendieron el campo de El Palomar a Néstor Luis Casás en la suma de 1.450.000 pesos y finalmente Casás le vendió al gobierno nacional el mismo terreno en la suma de 2.450.000 pesos. El pago se hizo en orden inverso a la firma de las escrituras, de manera tal que el gobierno pagó en primer término a Casás; Casás, a las damas, y éstas cancelaron su hipoteca de 723.000 pesos al Banco Nación. En síntesis, Casás ganó un millón de pesos sin poner un centavo. ¿Cómo fue esto posible? Eso se preguntó el senador Benjamín Villafañe y creó una comisión investigadora. Se demostró que, a poco de concretarse la compra y mientras se ampliaran las instalaciones del Colegio Militar, se dieron en arriendo a un tambero vasco que pagó 40 pesos la hectárea. Villafañe indignado declaró en plena sesión: "Se compró a 11.000 pesos para arrendar a 40. ¿Estos son los negocios que hace el Estado?" Poco después se pudo determinar que de aquel millón de pesos, Casás debió repartir casi la mitad en sobornos a funcionarios que iban desde el presidente de la Cámara de Diputados, Juan Kaiser, al general Alonso Baldrich, pasando por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Uno de los diputados implicados y descubiertos, el radical Víctor Guillot, decidió suicidarse dejando previamente su parte del soborno a una amante. El escándalo sacudió al gobierno en general y al propio presidente Ortiz, firmante del decreto, quien presentó su renuncia.

Los principales acusados fueron condenados a siete años de prisión, pero lograron huir al Uruguay. Sólo cumplieron prisión algunos diputados que recibieron los sobornos menos significativos.

El senador Villafañe fue aclamado por sus compañeros decentes, quienes le brindaron una cena en su honor. A la hora de los agradecimientos y discursos dijo Villafañe: "En el mismo caso del Palomar hemos visto que la acusación y la sanción moral de la asamblea sólo han alcanzado a los chicos, y respecto de los grandes se ha cumplido al pie de la letra lo que dice el verso de Martín Fierro:

"La ley es tela de araña,
En mi inorancia lo explico;
No la tema el hombre rico,
Nunca la tema el que mande
Pues la ruempe el bicho grande
Y solo enrieda a los chicos."

Fuente: www.elhistoriador.com.ar